El Senado aprobó esta tarde una nueva ley de discapacidad que pone fin a la emergencia en el área, la cual finaliza a fin de año. La iniciativa, que recibió 71 votos a favor y ninguno en contra, mantiene la mayoría de los aspectos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que ceder a la oposición en Diputados, como la preservación de la pensión no contributiva, su ajuste por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.
“Salimos de la emergencia con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de ese tipo se extiende, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, aseguró el libertario y presidente de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien actuó como miembro informante.
“Este no es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el legislador porteño para disfrazar lo que ocurrió en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno intentó modificar días atrás en el Senado, antes de que se dictaminara el texto.
“Era imprescindible por el vencimiento, pero no implica que no haya cuestiones pendientes”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien expresó su “preocupación” por la implementación de las decisiones a través de dependencias de la ANSeS. En ese sentido, señaló que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires se encuentra el 42,9% de ellos”.
Desde Convicción Federal, el extitular del bloque kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico que siempre se ocupa de las partidas y costos fiscales, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto previsto de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y mencionó 1,2 billones de pesos para 2027.
El texto consensuado asegura pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
Por solicitud de los aliados en Diputados -donde el Gobierno cedió en casi todo-, se preservó la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: permite que las personas con CUD conserven la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Asimismo, se garantiza que las personas que perciban pensiones no contributivas por invalidez laboral o por discapacidad accedan a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). Para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si estas resultaran insuficientes.
Además, se aclara que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro apartado de la norma aprobada se incorporan mecanismos de control más rigurosos. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Discapacidad llevará a cabo auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en claro que los problemas por fondos mencionados por kirchneristas no surgieron “solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, concluyó la experimentada legisladora.
Al finalizar su discurso, Juri subrayó: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- contemple estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”. A continuación, su colega bonaerense Maximiliano Abad enfocó la atención en la “operatividad” para que los beneficiarios “no terminen en la justicia”.
Otra sección relevante del articulado establece que, si existieran deudas pendientes con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos aspectos, alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.
Durante la discusión, hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien afirmó: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que generen confianza”.
“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).
El macrista destacó que, en su provincia, cerca de un 6% de los habitantes reciben, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. Y criticó al Frente Renovador -no el massista- que ha gobernado en el poder local durante décadas -que defienden con firmeza los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut-: habló de una estructura “clientelar” y puso como ejemplo un municipio con casi un 19% de certificados. Siete veces más que la media en el país.
Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) afirmó que el mileísmo, desde que asumió, citó a auditar el 91% del total y solo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, exclamó. Y observó que se le “deben casi 80.000 mil -en alusión a millones de pesos- a los prestadores”. Y concluyó: “Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas”.
La última intervención fue la de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han pasado por situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, comentó.
Bullrich destacó el “acuerdo político y social”, y añadió: “Todos mencionan al Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso”. La porteña se refirió a condiciones “mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches” y reconoció que “ambas partes tenían una parte de la verdad”.
Luego de meses de incertidumbre y demoras, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del -controversial- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y persona de confianza de los hermanos Milei y, recientemente, asumió el control de la Quinta de Olivos. Logró 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés- y la abstención de la salteña Flavia Royón.





