La Cámara alta discute este jueves las modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye cambios para los alquileres con "desalojos exprés". Si el Senado aprueba el texto con las modificaciones introducidas en Diputados, la norma pasará a ser ley, aunque sus disposiciones no se aplicarán de forma automática en la mayoría de los casos.
El centro del proyecto está en la reducción de los plazos de los procesos judiciales para recuperar inmuebles ante ocupaciones, falta de pago o vencimiento de contratos. La propuesta establece procedimientos sumarísimos, dispone una intimación previa para quienes arriendan viviendas y prevé intervenciones específicas cuando dentro del inmueble haya personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa no permite a los propietarios desalojar por sus propios medios. A pesar de que exista una deuda o un contrato vencido, el propietario deberá iniciar una demanda y será el juez quien decida si corresponde ordenar el lanzamiento. La ejecución de esa decisión será responsabilidad de la Justicia y podrá requerir el apoyo de la fuerza pública.
La expectativa es que este jueves el proyecto se convierta en Ley. El 7 de agosto, el Senado aprobó el proyecto en general por 37 votos contra 33, pero luego, Diputados introdujo modificaciones durante el tratamiento de la iniciativa. Por lo tanto, el debate en la Cámara alta se centra en esos cambios y en la viabilidad de que el texto se convierta en ley.
Para los inmuebles destinados a uso habitacional, el proyecto establece una instancia previa obligatoria antes del juicio. El locador deberá intimar al inquilino de manera fehaciente para que pague la deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos desde la notificación.
Si el inquilino no regulariza su situación dentro de ese período, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo. La iniciativa contempla que el expediente siga un trámite sumarísimo, con una discusión procesal más acotada y plazos más breves que los de los procesos ordinarios.
El proyecto también fija un plazo adicional de 10 días hábiles para el trámite judicial. Sin embargo, la aplicación de este plazo no implica que la desocupación se produzca de manera automática. El proceso requiere una presentación judicial, la intervención de las partes y una resolución emitida por el juez competente.
La abogada Elisa Cerri destacó que la modificación impacta desde el primer reclamo formal por falta de pago. "El propietario puede intimar al inquilino a que pague y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo", indicó.
Cerri remarcó que el cambio propuesto acorta la duración de los conflictos que llegan a los tribunales y comparó los plazos estimados del nuevo procedimiento con los tiempos que, según señaló, pueden demandar los juicios actuales. "Hoy un proceso de desalojo puede tardar dos, tres, cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Yo creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero igual es una baja significativa", precisó.
La reforma propone que las demandas por recuperación de inmuebles se tramiten a través de un procedimiento sumarísimo. Ese mecanismo busca reducir las etapas procesales y los plazos de discusión, sin eliminar la participación de la Justicia.
El propietario deberá presentar la demanda tras la intimación si el inquilino no paga. A partir de ese momento, un juez deberá analizar el caso y definir si corresponde el desalojo. La orden de lanzamiento solo podrá ejecutarse después de una decisión judicial.
La normativa establece que, una vez dictada la orden, la Justicia se hará cargo de su cumplimiento. Si es necesario, podrá contar con el apoyo de la fuerza pública. El propietario no podrá realizar la desocupación por su cuenta ni sustituir el procedimiento judicial previsto.
El proyecto abarca situaciones de falta de pago y de vencimiento de contrato. Para esos casos, incorpora la posibilidad de solicitar una desocupación inmediata bajo caución juratoria, un compromiso del solicitante ante la Justicia. La medida será analizada por el juez que intervenga en el expediente.
Si se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para conseguir la medida, deberá abonar una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. Esta suma se destinará a favor de la contraparte dentro del proceso.
"En términos generales, las modificaciones buscan reducir la incertidumbre del propietario frente a los incumplimientos contractuales. Habrá que evaluar en la práctica si estas herramientas logran agilizar efectivamente los procesos judiciales", afirmó María Laura Canepa, Directora de Lisicki, Litvin & Abelovich. Sin embargo, añadió que el desafío será lograr procedimientos más eficaces, sin menoscabar el derecho de defensa de los inquilinos.
El proyecto también contempla una situación específica para los inmuebles donde residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condición de desamparo. En esas circunstancias, el juez deberá convocar a los organismos competentes para buscar una alternativa habitacional transitoria.
Entre las entidades que pueden intervenir está el Ministerio Público Tutelar. La participación de esos organismos busca asegurar que las personas afectadas tengan una respuesta de alojamiento temporal durante el desarrollo del caso.
El plazo máximo previsto para esa alternativa habitacional es de 10 días. La intervención de los organismos públicos no paraliza el trámite de fondo ni suspende el juicio de desalojo. La demanda continuará su curso mientras se pone en marcha esa protección transitoria.
La norma distingue entre la resolución sobre la posesión del inmueble y la asistencia que pueden requerir quienes se encuentren en situación de desamparo. El juez deberá promover la intervención institucional, pero el proceso judicial seguirá sujeto a los plazos y las decisiones correspondientes en cada caso.
Otro aspecto relevante del proyecto es su alcance territorial. Cerri aclaró que las normas procesales no son aplicables uniformemente en todo el país, ya que cada jurisdicción posee sus propios códigos de procedimiento.
"En Argentina los códigos procesales tienen aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional", aseveró. Esta diferencia determina en qué lugares se aplicarán las modificaciones que propone el proyecto para los trámites judiciales.
La reforma modifica artículos del Código Procesal y tendrá alcance sobre la Justicia nacional que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias conservarán su autonomía para dictar y aplicar sus propias reglas de procedimiento.
Así, los cambios sobre intimaciones, juicios sumarísimos y pedidos de desocupación inmediata no se trasladarán de forma automática a todos los tribunales provinciales. Cada distrito mantiene la facultad de establecer las reglas procesales que rigen en su jurisdicción.





