Tras la aprobación unánime de la ley de fortalecimiento para la discapacidad, que incluye varias reformas que movilizaron a referentes y familiares del sector a la plaza del Congreso, el Senado estableció un amplio temario que se extenderá más allá de la medianoche del jueves.
Se trata de la primera de tres sesiones programadas por la Cámara alta para este mes, que continuará con su actividad el miércoles 25 (defensa de gestión de Diego Santilli) y el jueves 26 de noviembre (con el debate sobre la reforma electoral).
Uno de los temas recurrentes es el de 'Inviolabilidad de la Propiedad Privada', que en agosto alcanzó su punto más crítico por el debate en torno a la ley de Tierras y de Manejo del Fuego, las cuales finalmente fueron excluidas del texto. El régimen de Tierras, que se abordará en el proyecto, se encuentra a la espera de una situación judicial, y solo el peronismo y la izquierda lo rechazaron en la Cámara baja.
Las modificaciones incluyen la metodología de expropiaciones, especificando que 'la utilidad pública será de interpretación restrictiva' y estableciendo un límite de 'ocupación temporánea anormal' de un máximo de 90 días. Asimismo, se amplía la metodología de desalojos, que garantiza 10 días para ofrecer una solución habitacional en situaciones que involucren 'la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo'.
Por otra parte, se votará la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este tratado busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países, como parte de la normativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmada en 1970.
Desde ese año, Argentina no se había sumado, principalmente debido a los reclamos de los laboratorios nacionales, que cuestionan las posibles repercusiones de utilizar informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones.
La ley de fortalecimiento de discapacidad fue aprobada por unanimidad.
Entre sus disposiciones, se establece una solicitud internacional única para permitir una solicitud estandarizada ante la oficina argentina de patentes, iniciando así el trámite de protección en más de 160 países miembros; se amplía el plazo de prioridad de 12 a 30 meses; y se protege frente al 'evergreening', evitando que modificaciones menores en medicamentos existentes sean utilizadas para extender artificialmente los monopolios de las farmacéuticas.
En Diputados, el proyecto obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, y se excluyó el capítulo II para evitar la intervención de oficinas extranjeras y promover la disponibilidad de medicamentos genéricos a menor costo.
La expectativa del sector naval se centra en la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, que aumentaría la participación de buques extranjeros en la navegación y comercio de cabotaje.
Luego de las protestas de los sindicatos del sector y de operadores navales, el oficialismo decidió incorporar modificaciones sugeridas por Jorge Capitanich y José Neder, que proponen un régimen impositivo especial para los buques argentinos, reservando hidrocarburos y cargas, y estableciendo un esquema gradual de incorporación de tripulación nacional en embarcaciones foráneas.
Otra iniciativa que tuvo apoyo unánime en Diputados es la llamada 'Ley Joaquín', que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Su nombre es un homenaje a Joaquín Gatto, un niño de 12 años de Junín de los Andes que sufrió la caída de un arco de fútbol mal fijado.
Asimismo, se tratará una iniciativa para establecer 'protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes' en ámbitos educativos, deportivos, religiosos y culturales. El temario también incluye tratados internacionales y transferencias de patrimonios del Estado nacional a diversas provincias.
Además, la sesión fue el primer paso para designar autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), encargado de supervisar la situación en centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los miembros seleccionados por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. Por su parte, el representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet.
Bullrich, de La Libertad Avanza, y Di Tullio, de Unión por la Patria.
Hay una objeción particular contra Fernando Zarabozo, detallada en un comunicado por el CELS, que apunta a su 'falta de antecedentes, idoneidad e independencia del candidato'. La acusación más grave señala que 'pondría en riesgo la independencia del organismo': 'Su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar'.
Tras detallar su trabajo desde 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se sintetizó que 'su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es opuesta'.
Los mecanismos locales de prevención de la tortura en 14 distritos publicaron un comunicado en contra de la postulación de Zarabozo, resaltando el incumplimiento del plazo legal para impugnaciones y la irregularidad del proceso de selección de representantes de la sociedad civil.





