La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló dos artículos del DNU 70/23 y devolvió la intervención estatal sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga generó un nuevo conflicto con las empresas del sector.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa no solo a las prepagas sino también a todas las empresas del sistema privado de salud, expresó en diálogo con Infobae que este pronunciamiento genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” y advirtió sobre las repercusiones que, a su entender, puede tener sobre la continuidad y el alcance de las coberturas.
“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, resumió.
Otro especialista del sector destacó en off the record dos puntos de la nota publicada por este medio. Primero, interpretan que el fallo cuestiona la posibilidad de un DNU para abordar este tipo de asuntos y, más importante aún, que los aumentos no deberían estar atados al IPC, sino a la estructura de costos de las empresas.
Como informó Infobae hoy, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de desregulación, que habían eliminado la supervisión estatal sobre los precios de los planes. Con la sentencia, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar, fiscalizar y autorizar los cambios en las cuotas. La decisión surgió a partir de una causa presentada por una afiliada cuyo plan registró un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
A raíz de este fallo, las prepagas ya no podrán incrementar sus cuotas sin la autorización del Gobierno.
Magonza subrayó que el caso tiene un alcance individual, aunque cuestionó las implicaciones normativas de la sentencia. “Es un fallo claramente por un caso, pero está declarando inconstitucional el DNU 70/23, lo cual es un problema gravísimo”, afirmó.
Para el titular de la UAS, el decreto había desactivado los mecanismos internos de la Superintendencia relacionados con la regulación de precios. “El Ejecutivo, a partir del Decreto 70, desactiva todas las instancias dentro de la Superintendencia para la regulación de precios. Ya no tiene el control”, planteó. No obstante, agregó que, a su juicio, el esquema anterior tampoco se había aplicado como establecía la ley.
Magonza se refirió al artículo 17 de la ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga. Según explicó, cada entidad debía presentar su estructura de costos y solicitar incrementos que contemplaran los gastos directos e indirectos de cada plan. “Esa situación no se dio nunca”, aseveró, y manifestó que durante los años de vigencia de los controles predominó un precio uniforme para todo el mercado, con pocas excepciones.
El representante empresarial indicó que esa modalidad produjo un desfasaje en los valores de las cuotas. “Vivimos doce años de regulación de precio, pero un precio que era único para todo el mundo”, consideró. A su entender, esa dinámica generó “un retraso arancelario muy grande en promedio”, con un impacto más significativo sobre carteras de afiliados con mayor tiempo de antigüedad y una carga de enfermedades más alta.
En ese punto, vinculó la discusión actual con los problemas acumulados del sistema de salud. “Esto que estamos viendo es un dislate más de un Estado”, expresó, en referencia a la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Dejan que el sistema de salud vaya a la deriva durante más de treinta años”, agregó.
Magonza aseguró que el funcionamiento de las prepagas ha quedado condicionado por normas, decisiones administrativas y fallos judiciales. También puso en tela de juicio que, según su diagnóstico, los tribunales intervengan en las prestaciones que las empresas deben brindar. “El sistema literalmente ya está quebrando”, afirmó, y describió la decisión judicial como parte de medidas que consideró “claramente populistas”.
La sentencia de la Corte no estableció un límite automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor. El tribunal revocó el segmento del fallo de la Cámara Federal de La Plata que definía ese parámetro y devolvió a la autoridad de aplicación la potestad de evaluar los aumentos de acuerdo con la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.
Para Magonza, la restauración del control estatal puede aumentar las controversias ante los tribunales. “Le abre una brecha enorme para la judicialización”, comentó. En su enumeración incluyó devoluciones de dinero, indemnizaciones y acciones colectivas que, de acuerdo con su planteo, pueden transformarse en reclamos por montos elevados.
“La judicialización se lleva una gran cantidad de los recursos del sistema”, advirtió. Consideró que esos recursos podrían comprometer la capacidad operativa de las compañías y derivar en restricciones de cobertura. “La gente se va a quedar sin cobertura”, alertó, aunque matizó que se refería, al menos, a la posibilidad de que los afiliados no mantengan el nivel de prestaciones que tuvieron hasta el momento.
El presidente de la UAS también aportó un cálculo respecto a la pérdida de ingresos que, según su descripción, ha acumulado el sector desde la vigencia de la ley. “En solamente catorce años y diez meses, que son los transcurridos hasta octubre de este año, el sistema perdió 18 % de cuota en promedio, pero perdió 24 cuotas, o sea, dos años de recaudación”, reveló. “Y todavía seguimos dando servicio. Es un milagro, literalmente es un milagro”.
Magonza comparó la situación de la medicina privada local con la de los sistemas de salud de otros países. Según su opinión, los planes argentinos ofrecen una calidad y amplitud de cobertura poco comunes en la región. “Una cobertura que es única, estupendamente única, lamentablemente imposible de financiar”, sostuvo.
El empresario mencionó los casos de Inglaterra, Canadá, España e Italia para señalar que, a su juicio, los sistemas con cobertura universal enfrentan demoras para consultas especializadas o intervenciones programadas. “No saben lo que están haciendo”, expresó al referirse a quienes apoyan las restricciones sobre las cuotas.
Magonza anticipó que la UAS está elaborando un documento con argumentos jurídicos sobre el fallo, que espera presentar en los próximos días.
El presidente de la UAS también cuestionó la idea de que la Superintendencia de Servicios de Salud asuma la responsabilidad de revisar precios y tomar decisiones sobre coberturas como resultado del fallo. Para Magonza, ese planteo ignora la situación actual del organismo. “La Superintendencia no puede hoy revisar los precios y no puede hoy tomar decisiones sobre las coberturas en el aumento de los valores”, afirmó.
Según detalló, el decreto presidencial desactivó esas facultades y el organismo no podría actuar de manera contraria a lo que el propio decreto establece. “La nota como está armada le está atribuyendo una responsabilidad que no va a poder cumplir y no creo que quiera cumplir, porque iría en contra del propio espíritu de lo que quiere el gobierno”, concluyó.





