La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves la condena de 18 años de prisión impuesta a María Eugenia Barayazarra, acusada de encubrir los abusos sexuales que su pareja cometió contra su hija desde que la víctima tenía ocho años.
El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por la defensa de la mujer, que cuestionaba la valoración de las pruebas y sostenía la falta de perspectiva de género en el proceso. Este planteo fue rechazado por incumplimientos formales, lo que dejó firme la sentencia dictada en la provincia de Buenos Aires.
La causa se originó a partir de la denuncia de la joven, quien relató haber sufrido violaciones por parte de su padrastro entre 2004 y 2015, mientras tenía entre ocho y 19 años. Los abusos ocurrieron en el domicilio familiar de la localidad rural de Cabildo, próximo a la ciudad de Bahía Blanca, donde convivía con su madre y con él.
El agresor, Justo Oscar Suárez, un ex policía, recibió una condena de 23 años de cárcel en 2017 y falleció en 2020 mientras cumplía su pena.
Durante el debate, la fiscalía solicitó que se investigara a la madre de la víctima, argumentando que Barayazarra estaba al tanto de lo que sucedía en su hogar y no hizo la denuncia correspondiente. Según el expediente, la menor le comunicó lo que padecía en tres ocasiones. "Decía que su hija estaba loca", señalaron desde la querella.
La causa paralela avanzó y llegó a juicio en 2022, cuando el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Barayazarra como partícipe necesaria, por omisión, de abusos sexuales con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores. Ambos delitos fueron considerados agravados por la convivencia preexistente entre la víctima y el agresor.
La sentencia se sustentó en los testimonios de familiares, una empleada doméstica, el ex esposo de la joven y profesionales que intervinieron en el caso. En la audiencia, se destacó que la mujer admitió que le creyó a su hija y reconoció haber visto a su pareja en la cama de la menor. Sin embargo, nunca realizó la denuncia.
El expediente continuó su curso y, en 2023, el Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó la apelación de la defensa, concluyendo que la acusada estaba al tanto de los hechos. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires también desestimó el planteo posterior.
De este modo, la defensa intentó elevar su queja a la Corte nacional, que ahora ha cerrado el debate judicial, dado que la presentación no cumplía con los requisitos formales necesarios.
La víctima relató en una entrevista publicada por el diario La Nueva en 2024 que escapar de su hogar fue una decisión influenciada por las amenazas de su padrastro y el temor de que sus hermanos pudieran sufrir una situación similar. "Me escapé de esa casa una madrugada con mi hijo de 2 años. Tuve que abandonar mi vida, mis amistades. Me fui a Coronel Pringles, agarré los bolsos y salí. En el viaje empecé a analizar todo eso y hasta me sentía egoísta por pensar en mí.
En el momento uno no piensa, solo reacciona", expresó entonces.
"Después de todo lo que pasó, las personas que me ocasionaron el daño siguen su vida como si nada. En su momento se los señaló, pero después parece que pasó. Mi mamá, que está condenada y permanece en libertad, sigue haciendo su vida normal sin ningún tipo de culpa. Me pregunto por qué tengo que seguir escondiéndome, cuando ella vive su vida normal. Eso me cansó", remarcó al explicar su decisión de hacer público su caso.
En la misma nota, la joven cuestionó la dilación de las apelaciones y manifestó que necesitaba una resolución definitiva para cerrar una etapa de su vida.
Y concluyó: "A las personas que les haya pasado o les está pasando les digo que no callen. Es duro y complicado. En su momento lloré, insulté, me enojé y preguntaba por qué a mí. Nunca tuve respuestas, solo sé que injustamente me pasó, por lo que solo me quedaba intentar salir. No hay que callarse, porque siempre, hasta la persona menos pensada, te va a ayudar."





