El Senado aprobó en una extensa sesión uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad, que establece un marco regulatorio para la atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, pasará a tener carácter permanente.
Con 71 votos a favor y 0 en contra, el proyecto, que ya contaba con un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, fue sancionado esta tarde.
Durante la jornada, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de avanzar con la ley, aunque algunos sectores opositores señalaron que el debate está lejos de ser cerrado y que la iniciativa aún puede mejorarse.
Asimismo, varios legisladores citaron al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas en el debate.
En este sentido, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad instó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, expresó.
Sin embargo, también hubo voces escépticas respecto a un posible entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en esta materia. Desde la bancada peronista, algunos diputados cuestionaron las intenciones del Gobierno, hablando de un “repentino y simulado interés”. Así, manifestaron sus dudas sobre el cumplimiento efectivo de la ley, recordando el veto anterior del Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, afirmó el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
No obstante, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de este tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que lideraron las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Un ejemplo de esto es la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales representantes de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para lograr un acuerdo.
Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con acceso directo a Karina Milei, promovieron el diálogo con integrantes de Unión por la Patria para finalizar una serie de cambios que aseguraron el respaldo de casi toda la bancada peronista, que hasta entonces apoyaba la prórroga de la emergencia.
Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al publicar en redes sociales un mensaje en el que confirmaba que su bloque estaba “listo” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después de que el Papa concluya su visita al país.
Sus declaraciones se produjeron en un contexto de distanciamiento legislativo, tras un fuerte cruce con el Gobierno respecto a la iniciativa de discapacidad. El Ejecutivo había girado al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto en paralelo que negociaban algunos diputados libertarios.
Esto generó la molestia de Bullrich, quien advirtió: “No me tomen por tonta”. Sus críticas estaban dirigidas a parte de la mesa política, que, según aseguró la ex-Pro, no la informaron sobre la publicación de un artículo que iba en dirección contraria a lo discutido en el Congreso.
Entre los aspectos más relevantes, la ley asegura la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
La nueva normativa establece por ley los requisitos para acceder a pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Estos incluyen poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También se mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y se refuerza el respaldo presupuestario. Si las partidas del Ministerio de Salud resultan insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. Además, se establecen mecanismos para garantizar que los recursos asignados a cada beneficiario mantengan su valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. El Ejecutivo contará con 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos y un plazo máximo de 90 días para saldar las compensaciones pendientes.
En lo que respecta a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al inicio de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar que durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, donde se prevé discutir la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción destinada a prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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