El Senado aprobó la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que actualiza los trámites para registrar y proteger innovaciones en diferentes mercados. La adhesión fue respaldada por 47 votos a favor y 22 en contra, después de casi tres décadas de discusiones en el ámbito parlamentario. Esta decisión volvió a poner sobre la mesa el futuro de la industria farmacéutica nacional y su posible efecto en los precios de los medicamentos.
En principio, no se anticipan cambios inmediatos en los precios ni en la disponibilidad de los tratamientos. No obstante, la nueva normativa podría modificar las condiciones para el patentamiento de ciertos productos y, en el mediano y largo plazo, impactar en la competencia entre laboratorios nacionales y extranjeros.
El PCT es un tratado gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite presentar una única solicitud internacional para iniciar el proceso de protección de una invención en diferentes países. Anteriormente, las empresas, investigadores y universidades argentinos que intentaban patentar un desarrollo en el extranjero debían realizar trámites separados en cada jurisdicción.
Con la adhesión, ese procedimiento inicial se simplifica y se amplían los plazos para decidir en qué mercados se continuará con el proceso. El sistema extiende de 12 a 30 meses el período para establecer en qué países se buscará protección. Además, facilita el acceso a información técnica y a evaluaciones preliminares sobre las invenciones.
Sin embargo, la adhesión al tratado no implica que Argentina acepte un sistema de patentes automáticas de validez global. Cada país mantiene la capacidad de analizar las solicitudes y determinar si concede o rechaza la protección de una invención de acuerdo a su legislación. En Argentina, esta responsabilidad seguirá en el ámbito del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Dicho organismo jugará un papel clave en el impacto que esta adhesión pueda tener en el mercado farmacéutico. Las empresas que deseen proteger sus desarrollos en Argentina tendrán que enfrentar el procedimiento de evaluación local. Al mismo tiempo, los medicamentos requerirán autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para poder ser comercializados.
La inquietud surge en torno al desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares, que permiten aumentar la oferta y competir con los productos originales. Desde la industria farmacéutica argentina sostienen que una mayor protección de patentes podría atrasar la llegada de alternativas al mercado y disminuir la competencia, afectando así los precios para los consumidores.
El debate llevó a que en Diputados se incorporara una reserva sobre el capítulo II del tratado, modificación que finalmente fue aprobada por el Senado. Este apartado establece un examen preliminar internacional más específico sobre las condiciones de patentabilidad de una invención. Al excluirlo, Argentina logra evitar la incorporación de esta instancia adicional de evaluación, que era uno de los principales cuestionamientos de las empresas locales.
La reserva también mantiene un margen de decisión para el INPI. Los informes técnicos internacionales pueden ser utilizados como antecedentes para evaluar una solicitud, pero no sustituyen la decisión de las autoridades argentinas respecto a la concesión de una patente. Así, el organismo seguirá teniendo la última decisión sobre qué desarrollos obtienen protección en el país.
Desde el sector que apoya la adhesión, en cambio, argumentan que el nuevo mecanismo ayudará a reducir costos y tiempos administrativos, facilitará la internacionalización de las innovaciones y mejorará las condiciones para atraer inversiones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó que el tratado puede ser beneficioso para investigadores, universidades y empresas que buscan proteger sus desarrollos en otros mercados.
En la industria farmacéutica, uno de los argumentos propuestos para una mayor protección de la propiedad intelectual es el costo asociado al desarrollo de nuevos medicamentos. Según estimaciones divulgadas por AmCham, el desarrollo de un fármaco innovador puede llevar entre 10 y 15 años y requerir una inversión cercana a los 2.600 millones de dólares. Desde esta perspectiva, las patentes permiten recuperar parte de esos gastos y sostener la investigación.






