La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado en la noche del jueves, introduce modificaciones significativas en los procedimientos de desalojo y en las normativas sobre la situación de inquilinos que no cumplen con el pago del alquiler o cuyo contrato ha finalizado sin que se vayan. Especialistas analizan cómo esto impactará en los precios y su aplicación en los contratos ya existentes.
El principal objetivo de la ley respecto a los alquileres es reducir el tiempo que requiere al propietario recuperar un inmueble, mediante la implementación de procesos judiciales más rápidos y la opción de solicitar la restitución anticipada de la propiedad.
La ley fue aprobada en segunda revisión por el Senado, luego de que la Cámara de Diputados realizara modificaciones.
"Una parte del riesgo judicial siempre estuvo presente en el precio. No solo en el monto del alquiler, sino en todo lo que lo rodea: exigencias de garantías, depósitos elevados, filtros estrictos de ingreso y, sobre todo, en que muchas propiedades no salían al mercado", afirma Nicolás Belgrano, abogado especializado en M&A y mercados de capitales.
La normativa sancionada por el Senado establece un plazo de intimación de 10 días ante el impago de alquileres. Durante este periodo, el inquilino podrá cancelar la deuda y, posteriormente, el propietario podrá iniciar una demanda sumaria de ejecución y, en ciertos casos, solicitar la restitución anticipada del inmueble.
"Cuando un propietario considera alquilar, no solo evalúa cuánto va a cobrar. También piensa en qué sucederá si el inquilino deja de pagar y cuánto tiempo le llevará recuperar su propiedad", señala Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigma.
"En Argentina, los procesos judiciales pueden prolongarse considerablemente, y esa incertidumbre tiene un costo económico, traduciéndose en mayores exigencias de garantías, seguros de caución y requisitos de ingresos", agrega.
"Si la recuperación de una propiedad se torna más predecible, parte de ese costo asociado al riesgo podría disminuir. No necesariamente a través de una baja inmediata del alquiler, sino a través de condiciones contractuales, oferta y posibilidades de acceso para quienes hoy enfrentan dificultades para ingresar al mercado formal", expone Parreira.
"El desalojo ágil puede contribuir a reducir la 'prima de incertidumbre' que aún cobra el propietario. Sin embargo, no anticipó disminuciones de precios por esta norma exclusivamente. Espero más oferta y competencia, lo que, a la larga, regulará los valores", resalta Belgrano.
"Debería haber una flexibilización progresiva de los requisitos de ingreso a un alquiler, aunque no de forma automática", manifiesta Belgrano.
"La garantía propietaria y la caución rigurosa son, en esencia, un seguro contra un juicio largo y costoso. Si el proceso judicial se acorta, ese seguro pierde valor y el propietario tiene menos motivos para exigirlo", subraya.
"Veremos más aceptación de garantías alternativas, recibos de sueldo y depósitos razonables, pero bajo dos condiciones: que los juzgados apliquen efectivamente los plazos y que el mercado observe casos que demuestren que el sistema funciona. Al principio, el propietario va a ser cauteloso y esperará evidencia antes de relajar requisitos", sostiene el experto.
Para Belgrano, "las modificaciones sobre desalojo no son suficientes por sí solas. Mejora el riesgo, que es un aspecto significativo, pero el inversor considera la ecuación completa: renta, riesgo, liquidez y financiamiento".
"Hoy, la renta bruta sigue siendo baja en relación al valor del inmueble, el crédito hipotecario es marginal y el costo de construcción en dólares es elevado", enfatiza.
"En comparación con mercados como el de Estados Unidos, allí el alquiler representa una inversión institucional debido a la disponibilidad de financiamiento a largo plazo, reglas predecibles y desalojos que se resuelven en semanas. La seguridad jurídica es una condición necesaria, pero no suficiente", expone Belgrano.
"Si a esto se suma crédito, estabilidad macroeconómica y reglas que se mantengan en el tiempo, ahí sí podría aparecer el inversor profesional que construye para alquilar, algo que en Argentina prácticamente no existe", expresa el experto.
"Las normas procesales, en general, se aplican a los juicios que se inicien después de su entrada en vigencia, aunque el contrato sea anterior", aclara Belgrano.
"Sin embargo, hay un matiz importante: la desocupación inmediata bajo caución juratoria, en casos de impago o vencimiento, está condicionada a que el procedimiento y los plazos hayan sido acordados por las partes", advierte, y señala que "un contrato antiguo que no lo contemple podría no beneficiarse de esa herramienta".
Belgrano sugiere incluir en los nuevos contratos una cláusula clara sobre el procedimiento de desocupación, establecer domicilios electrónicos para notificaciones válidas y documentar adecuadamente los pagos.
En cuanto a los contratos vigentes, recomienda evaluar una adenda de mutuo acuerdo. Y desde la perspectiva del inquilino, es recomendable leer detenidamente esas cláusulas antes de firmar, ya que ahora tendrán consecuencias concretas.
Por otro lado, Parreira advierte que "las modificaciones al procedimiento nacional no garantizan que los tiempos judiciales se reduzcan de manera uniforme en todas las provincias, dado que cuentan con sus propias normativas procesales".






