El gobierno de Javier Milei aprobó en el Senado la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT, por su sigla en inglés), logrando un triunfo político de carácter histórico por tratarse de un asunto que estuvo pendiente durante 28 años, al mismo tiempo que envió una muestra clara de alineamiento a los Estados Unidos de Donald Trump, que exigía la sanción de esta norma.
La iniciativa se aprobó con 47 votos a favor y 22 en contra tras un debate breve, y consagra la adhesión de Argentina a un Tratado que establece que una vez registrada una patente, ésta tiene validez durante 20 años en las demás naciones adheridas al PCT, que actualmente son 158. Esta disposición beneficiará principalmente a los desarrollos científicos y/o industriales.
El Tratado no crea una patente mundial, sino que establece un procedimiento internacional de cooperación para facilitar la presentación, búsqueda y tramitación de solicitudes de patentes. Por esta razón, el oficialismo sostiene que el PCT permitirá a las empresas argentinas de innovación y al CONICET proyectarse internacionalmente. La oposición, en cambio, advierte que esto perjudicará a la industria de los medicamentos genéricos.
La relevancia para el gobierno de Milei radica en que formó parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con EE.UU. firmado en febrero pasado. Este entendimiento aún no se ha implementado y, entre las dificultades que encontró, una fue la demora del Congreso en aprobar esta adhesión al PCT.
Sin embargo, la demora no fue atribución de Milei. El proyecto de adhesión ya había sido aprobado por el Senado en 1998, pero Diputados nunca lo trató. El Gobierno reactivó la iniciativa luego de la firma del acuerdo comercial y la Cámara baja finalmente aprobó el 27 de agosto pasado, aunque con una modificación impulsada por los laboratorios locales, que obligó a que el proyecto regresara al Senado para una segunda revisión.
Si bien la adhesión al PCT involucra todos los productos e innovaciones en el ámbito científico e industrial, la disputa política en Argentina se centró en el sector de los laboratorios farmacéuticos.
El carácter estratégico que Milei otorga a su relación con EE.UU. y, en particular, con Trump, fue el principal motivo por el que el oficialismo reactivó este tema en el Congreso. En el marco de ese alineamiento, Washington presionó por la adhesión al PCT, mientras los laboratorios argentinos realizaban su propio lobby en sentido contrario.
La reaparición del proyecto de adhesión en la agenda del Congreso intensificó el lobby cruzado. Los laboratorios agrupados en CILFA se opusieron desde el principio, argumentando que la adhesión al PCT encarecerá los medicamentos de producción local y postergará el ingreso de productos genéricos al mercado.
No obstante, la presión para frenar o, al menos, modificar el proyecto tenía otra motivación subyacente: la no adhesión de Argentina al PCT permitía a distintos laboratorios copiar las fórmulas de los internacionales y patentar los medicamentos a nivel local.
El gobierno de EE.UU. y sus laboratorios no se quedaron atrás. En agosto pasado, el embajador en Argentina, Peter Lamelas, reclamó la rápida aprobación parlamentaria para adherir al PCT, prometiendo que ese paso fundamental en la cooperación comercial entre ambos países podría atraer u$s 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años. Este fue otro motivo para el renovado impulso que le dio Milei al proyecto.
Sin embargo, la presión más efectiva fue la de los laboratorios locales, que lograron que Diputados excluyera del proyecto la adhesión al capítulo del Tratado que establece la validez automática de los dictámenes de patentabilidad elaborados por agencias del exterior. De todas formas, esto no impidió que el embajador de EE.UU. reclamara por la sanción definitiva de la ley.
Después de la aprobación de Diputados que devolvió el proyecto al Senado, entró en juego otro elemento: la derrota de Trump en las elecciones de medio término. Esto le otorgó mayor relevancia a la adhesión al PCT para Milei, dado que ese revés puso en duda la posibilidad de que Washington pudiera volver a asistir financieramente al Gobierno si las elecciones nacionales de 2027 ocasionan, como en 2025, una corrida al dólar.
Con la pérdida de Trump del control del Congreso a manos de los Demócratas, que critican fuertemente aquella asistencia por u$s 20.000 millones a Argentina, el gobierno de Milei necesitaba presentar una muestra más concreta de alineación hacia EE.UU., no solo hacia el presidente de turno de ese país, sino hacia todo el establishment político norteamericano. Esto se materializó con la aprobación del Senado al demorado proyecto, incluso con la modificación solicitada por la industria farmacéutica local.
Para sancionar finalmente la ley de adhesión al PCT, el oficialismo en el Senado tuvo que aceptar el cambio realizado por Diputados, que aprobó la iniciativa con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Para alcanzar esa cifra, cedieron al planteo de la industria farmacéutica local e incorporaron una "reserva" del Capítulo II del PCT.
Este capítulo establece un procedimiento de Examen Preliminar Internacional, un informe de patentabilidad no vinculante emitido por agencias de propiedad intelectual extranjeras previo a la presentación de la solicitud ante las oficinas nacionales con competencia en la materia. Con esta modificación, Argentina no queda obligada por dicho capítulo.
La "reserva" aprobada por Diputados implica que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantiene plena potestad para llevar a cabo el examen de fondo y la evaluación de patentabilidad de las solicitudes conforme a la legislación nacional, sin estar sujeto a exámenes preliminares ni dictámenes de agencias extranjeras.
Este aspecto fue impulsado por los laboratorios agrupados en CILFA para evitar una práctica denominada "evergreening", la cual consiste en que los informes extranjeros faciliten la extensión indefinida de monopolios sobre las patentes a través de pequeñas modificaciones en los principios activos de los medicamentos.
La aprobación de la ley de adhesión llegaría desde Diputados implica que Argentina adhiere al Capítulo I del PCT, el cual permite a los innovadores y empresas nacionales presentar una única solicitud en su idioma y ante la oficina local, recibiendo así un informe internacional que anticipa las posibilidades de obtener la patente, con un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países tramitar la protección.
La discusión en el recinto se centró en la relación entre Milei y el gobierno de Donald Trump y el impacto de la nueva ley en la industria farmacéutica de ambos países. Hubo pocos oradores, pero las definiciones fueron contundentes.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue uno de los más críticos. El formoseño sostuvo que el Tratado busca principalmente "la protección de los intereses de la industria farmacéutica de los EE.UU." y afirmó: "Esto va en contra de nuestra industria en (medicamentos) genéricos. Vamos a pagar 40% más caros los medicamentos".
La respuesta fue de Francisco Paoltroni, senador libertario que, además de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores que trató el proyecto, es un rival político en Formosa de Mayans y del gobernador Gildo Insfrán. "Es una desinformación", acusó el oficialismo en el cierre del debate.
"Esto no es un tratado de libre comercio, sino de cooperación en patentes. Tampoco es de Estados Unidos, es un tratado internacional al que ya adhirieron 158 países, que tiene su origen en 1970 y que en esta Cámara, en el gobierno menemista al que adhirió el senador Mayans y Gildo Insfrán, tuvo media sanción", afirmó Paoltroni.





