El riesgo país incrementó este viernes 119 puntos hasta alcanzar los 1.050 puntos básicos, el nivel más elevado en los últimos 13 meses. Según el Gobierno, la única explicación radica en que el mercado teme que Javier Milei no sea reelecto en 2027. Sin embargo, han surgido cuestionamientos internos sobre cómo algunas de las propias medidas pudieran influir en esa expectativa. "No hay que cometer errores", alertaba un funcionario a El Cronista este viernes.
Los bonos globales experimentaron una caída promedio del 3,5% en Wall Street durante la jornada, acumulando una disminución cercana al 6% en la semana. El indicador había alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos el 10 de julio, y desde entonces casi se ha triplicado. Este incremento encarece el acceso al crédito, justo cuando el Tesoro enfrenta vencimientos por 24.900 millones de dólares en 2027.
Dentro del Gobierno, la percepción tiene matices. Por un lado, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ubicaron el origen del problema fuera del Ejecutivo en las últimas tres semanas: primero señalaron el contexto internacional, luego al kirchnerismo y, hacia el final de la semana, al precio del petróleo.
El 6 de noviembre, ante la Sociedad Rural Argentina, Caputo también mencionó el factor electoral: "Lo que está sucediendo es, fundamentalmente, el temor de algunos a regresar a la tercera columna". El miércoles, ante empresarios pymes en La Rural, descartó la posibilidad de un salto cambiario en 2027: "Cambien el chip de pensar el año que viene, es año electoral y esto es Argentina (y el dólar va a subir). No va a ocurrir, hay muchos más dólares".
Al día siguiente, el Banco Central realizó una compra de apenas 3 millones de dólares, la adquisición más baja desde el comienzo del programa de acumulación, y las reservas brutas disminuyeron en 108 millones de dólares. Este viernes, el dólar oficial abrió en un nuevo máximo nominal, alcanzando los $1.595 en el Banco Nación, mientras que los financieros superaron los $1.700.
El Presidente abordó la noción del "riesgo kuka" durante la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP): "Argentina, debido a su pésimo historial, sólo podrá dejar atrás a Orcolandia cuando los argentinos se decidan a dar ese paso; de lo contrario, seguiremos teniendo riesgo país". El miércoles, en una entrevista en A24, añadió el factor externo: "Ahora enfrentamos el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que dispara los precios".
Sin embargo, en el Gobierno, varios funcionarios no consideran el problema completamente externo. Uno de los temas clave de la semana estuvo relacionado con las reglas para 2027: el oficialismo logró el miércoles el dictamen de la reforma electoral en el Senado, después de llegar a un acuerdo con bloques dialoguistas para eliminar las listas colectoras, con el debate en el recinto previsto para el jueves 26 de noviembre.
En Radio Mitre, Caputo expresó que "para mí, el Presidente gana en primera vuelta bajo cualquier circunstancia", y mientras Milei mantuvo su firme posición sobre la dirección económica a pesar de las presiones de "correcciones" que formula la senadora Patricia Bullrich, en el ámbito político se ha interpretado que la necesidad del Gobierno de evitar las PASO indica que, en realidad, no están tan seguros de ganar.
Los bonos reflejan esa incertidumbre: la consultora PPI estima que la probabilidad implícita de continuidad del Gobierno disminuyó de casi el 90% en julio a menos del 50% a principios de noviembre. Algunos referentes dentro de La Libertad Avanza ya enfatizaban esta semana, mientras recogían las firmas para el dictamen de la reforma electoral: "No se gana la elección por esto, se gana por la economía.
No se trata de una posible corrida por las PASO, es la vida diaria de la gente", le comentó un habitual de Casa Rosada a El Cronista.
Existen otros factores que también impactan en la credibilidad del Gobierno, un término que el presidente Milei utiliza con frecuencia para justificar la inflexibilidad del rumbo económico, y que están relacionados con los temas abordados (o que se intentaron abordar) esta semana: la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Cronista indagó sobre la preocupación que suscita entre los inversores el proyecto vinculado a las Islas Malvinas. El funcionario no defendió la iniciativa ni descartó su impacto: "Así como al marcar un rumbo se genera confianza en lo que representás, es fácil erosionar la confianza con señales erróneas", advirtió con cautela una fuente gubernamental.
Estas señales tuvieron esta semana nombres propios en el Congreso: en la agenda de la sesión que no se llevó a cabo en Diputados estaban dos proyectos que el Presidente eligió como emblema. Uno de ellos era la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que implica la idea de garantizar el equilibrio fiscal y la no emisión a largo plazo.
Retornaba del Senado con un cambio central: la remoción del directorio, que en la versión de Diputados requería dos tercios de ambas cámaras, pasaba a estar en manos del Senado por mayoría absoluta.
El otro proyecto era la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía, que ya manifestó la relación con Washington cuando el oficialismo aceptó restringir las penalizaciones a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directamente involucrados en proyectos petroleros a solicitud de Estados Unidos.
La tensión entre la agenda malvinera y la búsqueda de inversiones se concretó en el corazón del RIGI. En 2013, Argentina inhabilitó por quince años a la petrolera británica Premier Oil por operar en Malvinas sin autorización. Su continuadora jurídica, Harbour Energy, posee hoy el 15% de Southern Energy, el proyecto de exportación de GNL de Vaca Muerta que el Gobierno incluyó en el RIGI y del cual YPF es socia con el 25%.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha puesto su enfoque sobre este vínculo, aunque el alcance actual de la sanción a Harbour está en discusión. Desde la firma ya afirmaron que su prioridad es el enclave patagónico en el oeste del país y negaron vínculos con la explotación malvinense.
"Aquellos que apoyan las inversiones y el Corredor (Andes-Atlántico) son quienes se oponen a la ley Malvinas", alertaron, no obstante, desde el propio oficialismo en el Congreso. En Casa Rosada no lo vinculan directamente y afirman que no se están frenando los proyectos de inversión, aunque sí señalaron que existen contradicciones en las propias medidas del Gobierno que erosionan fácilmente la confianza.
Las dos agendas que describen en el oficialismo se superpusieron al día siguiente en el Senado. El jueves, la Cámara alta aprobó por 42 votos contra 24 la reforma del régimen de cabotaje, que permite a buques de bandera extranjera transportar mercadería entre puertos argentinos, una actividad que estaba reservada a la bandera nacional desde 1944.
La reforma es una de las piezas locales del Corredor Andes-Atlántico: se incluyó en la agenda de la comitiva estadounidense que en octubre se reunió con las áreas de Cancillería, Transporte, Desregulación y Energía.
"Lo del cabotaje se vuelve muy importante ahora para el transporte multimodal, integrando con el tren también para la minería", explicó a El Cronista un funcionario. Sin embargo, la apertura busca sumar oferta de bodega y disminuir costos logísticos con operadores internacionales, pero el mismo texto impone un límite a esos operadores con un criterio vinculado a Malvinas.
El proyecto, presentado por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) y respaldado por el Gobierno, impide operar en el cabotaje a los buques "operados, armados o fletados por empresas que presten o hayan prestado servicios" a operadores no autorizados para explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La norma no menciona a las islas, pero apunta a la actividad petrolera en Malvinas. Esa contradicción resulta central: una ley diseñada para atraer navieras extranjeras excluye a cualquier empresa que haya trabajado en esa actividad, incluso en el pasado, así como a los barcos que dichas empresas puedan fletar. Esta lógica de sanción es similar a la que Washington objetó en la Ley Malvinas, donde el oficialismo tuvo que acotar las penalidades a quienes tienen vínculos directos con los proyectos.
La cláusula, además, recibe cuestionamientos desde ambos lados. Para la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, el filtro es insuficiente: no aplica el mismo criterio a las pesqueras que operan en Malvinas con licencias de las autoridades isleñas. Al mismo tiempo, la apertura enfrenta limitaciones propias: el transporte de petróleo y gas, excepto el GNL, y el apoyo a la actividad petrolera costa afuera siguen reservados a buques de bandera argentina.
La reforma, por el contrario, se dirige a la carga general y a la minería, sectores que el Gobierno busca integrar con el tren.
El proyecto ahora debe ser analizado por Diputados, la misma Cámara donde no se pudo avanzar con la sesión de la Ley Malvinas y donde los gremios marítimos ya anunciaron que trabajarán para frenar su aprobación. La pata ferroviaria mencionada por el Gobierno tampoco está resuelta: el Ministerio de Economía postergó hasta el 21 de diciembre la apertura de ofertas por las líneas del Belgrano Cargas, luego de que Grupo México, el único competidor internacional interesado, se retirara de la licitación en octubre.
Se trata de apuestas a largo plazo, como una concesión ferroviaria por 50 años o inversiones bajo el RIGI, que se definen en la previa de una elección presidencial.
El Gobierno, sin embargo, ya comienza a construir expectativas y su proyección para el año electoral: Caputo anticipó que espera para 2027 un superávit comercial de 30.000 millones de dólares y un aumento de las inversiones del RIGI, y pronosticó que las exportaciones se triplicarán para 2031, impulsadas por la energía, la minería y los nuevos proyectos aprobados. Sobre dicho flujo de dólares se sostiene su argumento de que no habrá un salto cambiario en 2027, aún con el riesgo país en niveles máximos.
No obstante, la apuesta oficial para 2027 tiene una condición explícita: la reelección. Caputo prometió ante el sector agropecuario eliminar las retenciones si Milei logra un segundo mandato. El Presidente, ante los empresarios del CICyP, adelantó que "se avecina un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos tenido hasta ahora", con una economía que debe "converger" en un "mega RIGI", con menores gastos públicos y menos impuestos.
La agenda económica del año próximo queda así condicionada por la misma variable que el mercado pone en duda.






