El proyecto de reforma electoral que promueve el oficialismo no solo incluye la suspensión de las PASO, sino que también busca modificar el régimen de debates presidenciales para que dejen de ser obligatorios, al menos durante la etapa de las elecciones generales, y que su realización dependa de la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
La iniciativa recibió dictamen este jueves en la comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado. En su artículo 10, sugiere reemplazar la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de los debates públicos entre los candidatos a presidente antes de las elecciones generales.
En términos específicos, la Ley 27.337, incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la realización de dos debates antes de los comicios generales, uno de los cuales debe llevarse a cabo en una capital provincial. Asimismo, prevé una instancia adicional en caso de segunda vuelta.
La transmisión de estos debates debe ser obligatoriamente realizada a través de medios estatales y establece sanciones para los candidatos que no participen, tales como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la exhibición de un atril vacío.
El oficialismo propone modificar el artículo 64 quinquies del Código Electoral Nacional, que establece la "obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".
En su lugar, la propuesta establece que el debate presidencial solo sea obligatorio durante el balotaje. Además, propone que la Cámara Nacional Electoral pueda organizar debates únicamente entre los candidatos que lleguen a la instancia de la segunda vuelta electoral. El texto que se plantea incluye: “Artículo 64 quinquies: Debate presidencial en segunda vuelta electoral.
La Cámara Nacional Electoral podrá organizar debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”.
De esta manera, la iniciativa suprime la obligación de realizar debates antes de la primera vuelta y delega en la autoridad electoral la potestad de convocarlos para el balotaje.
La Cámara Nacional Electoral seguirá siendo la autoridad de aplicación y tendrá facultades para regular los aspectos relacionados con la organización del encuentro. Además, contará con el asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil para citar a los candidatos o representantes de las fuerzas políticas a una audiencia.
Esta instancia buscará acordar el reglamento del debate, la elección de moderadores y los temas que se abordarán.





