El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, que cuenta con la firma del Gabinete de Ministros. La norma autoriza un gasto adicional aproximado de $15,6 billones para el resto del ejercicio y reduce el superávit proyectado para el cierre del año en cerca de $7,5 billones.
Según lo indicado en la Planilla Anexa I, que tiene 564 folios, la ampliación representa un 10,2% del crédito presupuestario vigente, que se estima en $152,47 billones.
La inflación es el principal motivo de esta modificación. El presupuesto inicial se formuló con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya se aproxima al 33%. Esta diferencia ha provocado que diversas partidas resulten insuficientes para cubrir salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo señala la necesidad de ajustar los créditos para que el Estado continúe brindando prestaciones esenciales y cumpliendo con los compromisos asumidos. También menciona que varios organismos habían alertado sobre la insuficiencia de fondos asignados, dado que sus gastos superaron lo previsto inicialmente.
Por otro lado, los recursos están aumentando en menor medida que el gasto. Los ingresos corrientes y de capital crecerán aproximadamente $8,1 billones, resultando en una diferencia de casi $7,5 billones que se descontará del resultado fiscal. Según los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit estimado para 2026 se encontraba en unos $26,4 billones, cifra que ahora descendería a aproximadamente $18,9 billones.
Hasta el 16 de noviembre, el sector público había acumulado un saldo positivo de cerca de $33,2 billones. Una parte importante del gasto adicional se concentrará en las últimas semanas del año.
El mayor refuerzo se destina a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Este organismo recibirá cerca de $10 billones, casi dos tercios de toda la ampliación, siendo el destino que más ha sentido el impacto de la inflación en la atención de jubilados y pensionados.
En segundo lugar se encuentra el Servicio de la Deuda Pública, con una partida destinada a pagar intereses y comisiones que suma aproximadamente $3,9 billones, dado que el costo financiero del Estado también ha superado las proyecciones iniciales.
En el área de salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibirá cerca de $0,8 billones para su funcionamiento. Asimismo, la Gendarmería Nacional añadirá alrededor de $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El PAMI concentra aproximadamente $10 billones de la ampliación de créditos, constituyendo casi dos tercios del refuerzo total.
Por su parte, el ajuste más significativo se produce en la finalidad Servicios Económicos, que experimenta una reducción de créditos de alrededor de $2,3 billones. Estos fondos se redirigen de programas económicos a áreas que el Gobierno considera prioritarias para el cierre del año.
Los $15,6 billones adicionales no implican necesariamente que el gasto real aumente en la misma medida, ya que en gran parte representan una actualización por inflación. Sin embargo, la recaudación adicional en el año no ha sido suficiente para cubrir esa diferencia, y el Ejecutivo ha optado por utilizar parte del superávit para afrontar los nuevos gastos. El ejercicio culminaría con un saldo positivo cercano a los $18,9 billones, cifra inferior a la prevista, pero aún lejos del déficit.





