El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad, con 71 votos a favor y sin ningún rechazo, la nueva Ley de Discapacidad, que establece de manera permanente el esquema de prestaciones, pensiones y actualización de aranceles que hasta ahora se encontraba bajo la emergencia que finaliza el próximo 31 de diciembre.
La norma, llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce en gran medida lo dispuesto en la Ley 27.793, que fue sancionada el año pasado y vetada en su momento por el presidente Javier Milei, aunque posteriormente fue ratificada por insistencia del parlamento en ambas cámaras. Ante la inminente finalización de dicha emergencia a fin de año, oficialismo y oposición lograron consensuar un texto permanente que evita la pérdida de coberturas.
Durante el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado: “Hoy no estamos votando simplemente una ley: estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político. Estamos saliendo de una emergencia para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa.”
Todos los senadores votaron a favor de la ley que protege a las personas con discapacidad. Hace un año, Javier Milei había vetado una iniciativa similar.
A pesar del respaldo unánime en el recinto, distintos bloques de la oposición advirtieron que la efectividad de esta norma dependerá de que se asignen los recursos adecuados en el Presupuesto 2027, que comenzará a ser tratado en la Cámara de Diputados la próxima semana.
La senadora radical mendocina, Mariana Juri, instó a mantener la vigilancia legislativa sobre los fondos: “Deberíamos estar atentos a que el presupuesto tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos.”
Desde el peronismo, el pampeano Pablo Bensusán y la catamarqueña Lucía Corpacci coincidieron en señalar que, aunque la sanción asegura que las personas con discapacidad no queden desprotegidas en enero, el gobierno deberá garantizar realmente las partidas y acelerar la cancelación de las deudas acumuladas con los prestadores.
El mileísta Luis Juez, quien tiene una hija con discapacidad, se abrazó con la peronista Juliana Di Tullio.
La ley establece reglas permanentes y deja atrás el régimen transitorio para beneficiarios y prestadores en todo el país:
Pensiones y compatibilidad laboral: mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y permite conservar el beneficio aunque se tenga un empleo formal o se esté inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Nomenclador único y actualización por inflación: se conserva el principio de nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado y se ratifica la actualización automática y periódica conforme al índice de movilidad jubilatoria, vinculado con el IPC.
Cobertura médica garantizada: asegura el acceso a las prestaciones básicas de salud del programa federal Incluir Salud para todos los titulares de pensiones por discapacidad o invalidez laboral.
Deuda con prestadores y reglamentación: incluye una cláusula transitoria que obliga al Poder Ejecutivo a presentar dentro de los 30 días un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a transportistas y centros terapéuticos, y establece un plazo máximo de 90 días para saldar esos pagos.
Blindaje presupuestario y auditorías: determina que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al área no podrán caer en términos reales respecto del año anterior, considerando la posibilidad de refuerzos del Tesoro. Además, crea un sistema de auditorías periódicas a través del cruce de datos entre ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS, permitiendo suspensiones preventivas ante irregularidades comprobadas, bajo un esquema de “debido proceso inclusivo.”





