El Senado sancionó la ley que introduce el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Esta iniciativa modifica las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, establece nuevas reglas para compatibilizar esos beneficios con el empleo y establece mecanismos de actualización y financiamiento para las prestaciones del sector.
La norma tiene como objetivo reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente, que incluye nuevas exigencias para los beneficiarios y controles periódicos sobre el sistema.
La aprobación se produjo en el marco del inminente vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, programado para el 31 de diciembre de 2026. La nueva legislación proporciona al Gobierno un marco normativo para mantener las pensiones y las prestaciones, aunque con condiciones específicas para acceder a los beneficios y conservarlos.
Uno de los aspectos destacados es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se fijan en un 70% del haber mínimo jubilatorio. Este monto se actualizará conforme a la movilidad previsional, garantizando una prestación económica a quienes no cuentan con cobertura previsional y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
La nueva normativa establece requisitos específicos para acceder a una pensión. Los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. Para los extranjeros, se requerirá una residencia legal, mínima y continua de al menos cinco años antes de efectuar la solicitud.
Otro requisito es no percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este cálculo se realizará sobre los ingresos individuales, no considerando los del grupo familiar. Asimismo, los solicitantes no podrán recibir otra jubilación o pensión, contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente.
La ley incluye una evaluación socioeconómica para determinar la elegibilidad para el beneficio. Quienes sean propietarios de una vivienda deberán demostrar que es su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral se mantendrán bajo las disposiciones específicas que regulan ese régimen.
Uno de los cambios significativos es la posibilidad de compatibilidad entre el cobro de una pensión y el trabajo registrado. De acuerdo a la nueva ley, las personas con discapacidad podrán incorporarse al empleo formal o registrarse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que los ingresos individuales no superen los dos salarios mínimos. En caso de exceder dicho límite, la pensión será suspendida mientras esa situación persista.
La ley también establece un mecanismo de recuperación del beneficio. Cuando culmine la relación laboral o los ingresos disminuyan por debajo del tope establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión. Esta tendrá vigencia desde el momento en que se presente el pedido, sin contemplar una recuperación automática de los pagos por el período de suspensión.
Además, la ley incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos necesarios. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Estos controles deberán seguir un proceso de notificación. Ante la identificación de un posible incumplimiento, el organismo deberá informar las razones y otorgar un plazo para que la persona presente su descargo. Culminado ese período, se podrá proceder con la suspensión preventiva de la prestación. Este mecanismo establece verificaciones sobre el padrón, incorporando la posibilidad de defensa de los titulares.
En cuanto a salud, la norma mantiene la cobertura médica para quienes reciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral. El acceso a esta cobertura se garantizará a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace, con las prestaciones básicas que figuran en la Ley 24.901. El Certificado Único de Discapacidad seguirá siendo una herramienta esencial para acreditar la condición y acceder a los beneficios correspondientes.
Por último, la ley también se ocupa de los prestadores. Mantiene el nomenclador único y establece que los aranceles de las prestaciones tendrán una actualización automática y periódica, en función del índice de movilidad jubilatoria. Esta decisión busca evitar que los valores de los servicios se desactualicen ante el aumento de costos y asegurar un sistema común de pagos.
Asimismo, se incluyó un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá implementar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y concluir los pagos en un plazo de 90 días, conforme a lo estipulado en el proyecto.
Para financiar el nuevo régimen, el gasto se sufragará inicialmente con fondos del Ministerio de Salud. Si estos recursos resultan insuficientes, se podrán recurrir a compensaciones de la Jurisdicción 91, que corresponde a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. La normativa establece también una garantía presupuestaria para asegurar que los recursos destinados al área no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.





