Bettina Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia que escapó mientras cumplía arresto domiciliario en San Telmo, declaró este jueves ante la Justicia federal, negando haber tenido conocimiento de la fuga de su esposo. De acuerdo con el relato de su abogado, Rodolfo Yanzón, Köpcke manifestó que se dio cuenta de su ausencia cuando la Policía tocó el timbre de su casa, aproximadamente a las 8 de la mañana.
La indagatoria se llevó a cabo ante la jueza federal María Romilda Servini, con la participación de la fiscal Alejandra Mangano, después de que Köpcke fuera arrestada el miércoles bajo la sospecha de haber facilitado la evasión del italiano, quien se encuentra prófugo desde el 11 de noviembre.
“Estuvimos con Bettina durante la indagatoria. Nos mostraron lo que dicen que son pruebas en su contra y la verdad es que no tienen absolutamente nada. Así que desde ese lugar estamos tranquilos”, afirmó Yanzón en una conversación con Infobae.
El defensor aclaró que su clienta optó por declarar y ofrecer su versión de los hechos ocurridos la madrugada en que Bertulazzi logró escapar del departamento ubicado en la calle Defensa al 600, a pesar de estar bajo vigilancia policial y portar una tobillera electrónica.
“Ella dijo que no sabía y que no se enteró de lo que había pasado hasta las ocho de la mañana, momento en que se despertó por el timbre de la Policía, les abrió y ahí notó que Leonardo no estaba. Luego me llamó a mí”, explicó Yanzón sobre el testimonio de Köpcke ante la Justicia.
Este relato contrasta con la hipótesis de los investigadores, quienes creen que la mujer pudo haber colaborado en la fuga. Uno de los elementos bajo análisis es un teléfono celular que Bertulazzi dejó en una mochila en la vivienda.
En dicho dispositivo se hallaron fotografías de 2025, donde aparece Köpcke junto a un portón en una propiedad en la calle Bolívar, por donde huyó el italiano. También se encontraron imágenes de cuerdas instaladas junto al balcón desde el cual el prófugo descendió con un arnés a un terreno contiguo.
Además, se supo que la mujer firmó como garante cuando Bertulazzi recibió el beneficio de arresto domiciliario tras su detención en 2024. La Justicia investiga si estaba al tanto de los preparativos para la fuga o si tuvo alguna intervención para facilitarla.
La detención de Köpcke provocó el rechazo de diversas organizaciones de Derechos Humanos, que emitieron un comunicado conjunto cuestionando la decisión de la jueza Servini y exigiendo su liberación inmediata.
“Las decisiones tomadas por la jueza María Romilda Servini carecen de legitimidad y son contrarias a la ley”, afirmaron las organizaciones, calificando esta medida como una decisión de “absoluta crueldad” y acusando un ensañamiento contra los familiares del exintegrante de las Brigadas Rojas.
En el comunicado, además, relacionaron el arresto con el proceso de extradición de Bertulazzi a Italia, acusando al Gobierno nacional de instrumentalizar el caso con fines políticos. “Nos solidarizamos con Bettina Köpcke y pedimos su libertad inmediata”, concluyeron.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Capital, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras.
La fuga ocurrió el 11 de noviembre. Bertulazzi logró abandonar su hogar sin que los agentes a cargo de su custodia se percataran de su ausencia de inmediato. Horas después, las cámaras de seguridad lo registraron en un comercio de ropa en Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro, donde adquirió un gorro piluso.
La investigación también terminó en la detención de Marcos Enrique González Rodríguez, ciudadano uruguayo, y Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, en la provincia de Entre Ríos, ambos investigados por su presunta vinculación con la fuga de Bertulazzi.
Bertulazzi fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por formar parte de una organización armada. Había obtenido el estatus de refugiado político en Argentina, condición que fue revocada en 2024. La Corte Suprema aprobó su extradición en julio de 2025.
Mientras continúa la búsqueda de Bertulazzi, el Ministerio de Seguridad Nacional mantiene una recompensa de $20 millones para quienes proporcionen información que permita dar con su paradero y captura. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial, a solicitud del juzgado federal a cargo de Servini.





