El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, que busca sustituir el esquema de emergencia por un régimen permanente y establecer nuevas garantías para las personas con discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios al sector.
La norma obtuvo 71 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Sus principales objetivos incluyen garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer mecanismos de financiamiento, mejorar la coordinación entre Nación y las provincias y reforzar los controles sobre las pensiones.
Uno de los aspectos centrales de la legislación es la actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto aloja explícitamente a las personas imposibilitadas para trabajar como beneficiarios e incluye criterios específicos para acceder a estas prestaciones, que abarcan condiciones de residencia, ingresos y evaluaciones socioeconómicas.
Además, estipula que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con un mecanismo de actualización automática conforme a la normativa previsional.
Otro de los cambios significativos es que la nueva ley establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
De este modo, se persigue permitir que quienes reciben una pensión puedan integrarse al mercado laboral sin perder automáticamente ese ingreso.
La legislación también prevé un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones, garantizando notificación fehaciente, un plazo para presentar descargos y la posibilidad de suspensión preventiva solo una vez transcurrido ese plazo.
En cuanto a lo presupuestario, la norma indica que futuras leyes de presupuesto deberán prever los recursos necesarios para mantener las prestaciones del sistema. Asimismo, estipula que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales con respecto al ejercicio anterior.
Además, faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias si los recursos asignados resultan insuficientes para asegurar la continuidad de la cobertura.
En el sector salud, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas dispuestas en la Ley 24.901, lo que implica la continuidad de tratamientos y servicios especializados.
La legislación también incorpora una instancia de coordinación constante entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con la participación de las provincias en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Otro elemento previsto es la capacitación obligatoria para el personal de las instituciones y los prestadores que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Uno de los reclamos más frecuentes de las entidades que trabajan con personas con discapacidad es sobre las deudas acumuladas por el Estado.
En este sentido, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes. Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde explicó que las obligaciones acumuladas con los prestadores alcanzan aproximadamente 278.300 millones de pesos.
Además, aclaró que los aranceles para los prestadores serán actualizados mediante el índice de movilidad y un estudio de costos.
Según indicó, el Estado deberá notificar el cronograma de pagos en un plazo de 30 días y cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos.
Monteverde afirmó que la iniciativa busca reemplazar la emergencia por reglas estables y previsibles. "Este proyecto no entraña absolutamente ningún recorte, sino que es resultado de un amplio consenso", sostuvo durante su exposición.
A pesar de que la iniciativa fue aprobada por unanimidad, su tratamiento estuvo acompañado por cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que plantearon interrogantes sobre el financiamiento efectivo del sistema y la situación presupuestaria de las prestaciones.
La senadora Alicia Kirchner declaró que las personas con discapacidad deben ser consideradas titulares de derechos y no solo beneficiarias de políticas públicas. Además, advirtió que la aprobación de una ley no implica por sí sola la reconstrucción de los derechos vulnerados.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci criticó la política del Gobierno nacional en el ámbito de la discapacidad y centró su atención en los recursos destinados al programa Incluir Salud.
"¿Cómo van a hacer para pagar las prestaciones que adeudan y realizar los pagos correspondientes si no modifican eso en el Presupuesto?", cuestionó, al señalar un recorte real del 13% en ese programa.
El senador chaqueño Jorge Capitanich también expresó sus dudas sobre la implementación y manifestó que el principal inconveniente del sector está relacionado con el endeudamiento acumulado en las prestaciones sociales.
En tanto, Eduardo “Wado” de Pedro consideró que la aprobación representa un avance, aunque resaltó que aún es necesario discutir una política integral para las personas con discapacidad y sus familias.
Desde el interbloque Popular, Juliana Di Tullio definió la nueva legislación como "el resultado de la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias".
Así, el Congreso aprobó un nuevo marco normativo para el sistema de discapacidad, con compromisos vinculados a financiamiento, pensiones, cobertura sanitaria y cancelación de deudas. Su implementación y el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias serán fundamentales para determinar el alcance efectivo de las medidas.





