El Senado aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Discapacidad. En la Cámara de Diputados, la iniciativa había contado con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Las claves de la ley son cuatro. La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el 70% de la jubilación mínima y exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para su cobro. Esta pensión es compatible con un empleo formal o con el monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas que incluirán cruces de datos con ANSES, ARCA, ReNaPer y otros organismos. Además, el Gobierno dispone de 90 días para saldar las deudas pendientes con los prestadores. A diferencia de la situación de emergencia que finalizará el 31 de diciembre, el nuevo texto no establece una fecha de vencimiento.
El primer artículo define que el objetivo de la ley es “superar la situación de emergencia” y fortalecer de forma permanente las políticas dirigidas a personas con discapacidad.
La normativa es de orden público y tiene vigencia en todo el país. La emergencia, aprobada por el Congreso en 2025 luego de rechazar el veto del presidente Javier Milei, concluirá el 31 de diciembre. El proyecto deroga tres artículos de dicha ley y ratifica otros aspectos.
Entre ellos se encuentra el artículo que la emergencia añadió a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y a la ley de empleo protegido para personas con discapacidad. La pensión no contributiva por discapacidad sigue estando fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza conforme a las reglas previsionales vigentes. La nueva ley no contempla un aumento específico. Para acceder a esta pensión se requiere poseer el CUD y acreditar identidad, edad y nacionalidad mediante el DNI.
Los extranjeros deben comprobar cinco años de residencia legal continuada en el país antes de solicitar el beneficio. Los ingresos netos no pueden ser iguales o superiores a dos salarios mínimos, considerando el ingreso de la persona solicitante y no el del grupo familiar. Además, está prohibido percibir otra jubilación, retiro o pensión, así como la asignación universal o la asignación familiar por hijo con discapacidad.
Asimismo, se establece que deberá aprobarse una evaluación socioeconómica, que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) definirá junto con la reglamentación. En el caso de que la persona sea propietaria de una vivienda, deberá demostrar que esta es su única residencia familiar. Las pensiones por invalidez laboral mantienen sus propios criterios.
Uno de los puntos destacados es que la pensión sigue siendo compatible con el trabajo. Las personas que posean un CUD pueden tener un empleo formal o estar registradas en el monotributo o en el régimen general sin perder la pensión, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Si exceden ese límite, la pensión se suspenderá automáticamente mientras persista la situación.
Si el trabajo cesa por cualquier motivo, o si los ingresos descienden por debajo del límite establecido, la persona tendrá la posibilidad de solicitar la rehabilitación inmediata y comenzará a cobrar nuevamente desde la fecha de la solicitud. Los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tienen derecho a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
El proyecto también establece que quienes atiendan a personas con discapacidad en ese sistema deben capacitar a su personal en derechos, con el fin de asegurar una atención “no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible”. Para los empleadores, se conserva el beneficio vigente para quienes contratan por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad. La ley también implementa un sistema de auditorías periódicas.
Estas serán realizadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que está bajo la órbita del Ministerio de Salud. Para verificar el cumplimiento de los requisitos, la Secretaría cruzará datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer, con la excepción del secreto fiscal. En caso de detectar un incumplimiento, se deberá notificar al titular, otorgándole el plazo que establece el derecho administrativo para presentar un descargo.
Una vez vencido ese plazo, la pensión podrá ser suspendida de manera preventiva.
Si la persona considera que no ha incumplido, podrá solicitar la rehabilitación de manera inmediata y provisional hasta que se resuelva la situación. Los gastos se financiarán con presupuestos del Ministerio de Salud destinados a pensiones, atención médica y prevención. Si esos fondos resultan insuficientes, la diferencia se cubrirá con partidas del Tesoro.
La ley estipula que las leyes de presupuesto deben garantizar un crédito suficiente y que el ingreso por beneficiario no puede ser inferior, en términos reales, al del año anterior.
La Jefatura de Gabinete tendrá la autoridad para reasignar fondos para evitar interrupciones en las prestaciones. El texto también incluye una cláusula destinada a saldar las compensaciones que la emergencia había prometido a los prestadores y que aún están pendientes. La Secretaría de Discapacidad deberá notificar y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos luego de la entrada en vigencia de la ley.
La cancelación total de deudas deberá realizarse dentro de los 90 días para quienes hayan completado el trámite. El texto aclara que la finalización de la emergencia no afecta a este derecho. Además, el Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente información sobre los gastos en estos programas, los costos de los aranceles de las prestaciones básicas y la cantidad y montos de las pensiones otorgadas.
El Poder Ejecutivo está obligado a definir la autoridad de aplicación y cuenta con 30 días hábiles para reglamentar la ley. La norma comenzará a ser efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.





