La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional haga pública la información relacionada con los resultados de todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017.
El máximo tribunal argumentó que “la información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”. Esta decisión se dio en el contexto de una acción de amparo presentada por un ciudadano que solicitaba esos datos. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier.
En disidencia, Carlos Rosenkrantz se pronunció en contra del pedido. En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero había iniciado una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, pidiendo la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.
El solicitante también pidió documentación que consideraba de acceso público, pero la Secretaría de Evaluación Educativa alegó que no podía proporcionarla, al tratarse de información confidencial, y ofreció solo resultados desagregados a nivel municipal. El Estado Nacional se opuso a esta demanda, sosteniendo que la confidencialidad de la información era necesaria para proteger los derechos de estudiantes, docentes y directivos.
Se argumentó que la divulgación de esos datos podría permitir la creación de un ranking de escuelas que podría incluir no solo los resultados de evaluación, sino también aspectos sobre la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos de los alumnos o sus familias, lo que podría generar estigmatización. Además, se mencionó que la publicación podría frustrar investigaciones en el campo de las estadísticas. En primera instancia, el amparo fue desestimado.
No obstante, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó al Ministerio a proporcionar los resultados, sin que eso implicara revelar datos específicos sobre los alumnos o docentes.
El Estado apeló y la Corte reafirmó que debía entregar la información solicitada. En la mayoría de sus votos, el tribunal sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
La Corte enfatizó que los operativos “Aprender” y “Enseñar” no son un favor del gobierno a la comunidad, sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”. El fallo indicó que la transparencia en la información solicitada busca promover la “igualdad real de oportunidades” en lugar de estigmatizar a alumnos y docentes.
Además, se destacó que la desagregación de resultados por establecimiento persigue un interés público significativo, cuya supervisión democrática resulta imprescindible, y permite comprobar cómo el Estado cumple con los mandatos constitucionales en el ámbito educativo.
También se subrayó que el acceso a estos resultados permitiría verificar si el Estado Nacional ha cumplido con su deber de garantizar el derecho de los pueblos originarios a una educación bilingüe e intercultural, así como asegurar condiciones para que todos los estudiantes, sin distinción de origen social, geográfico, género o identidad cultural, logren aprendizajes de calidad.
Finalmente, la Corte aclaró que el derecho de acceso a la información “no es un derecho absoluto” y debe evitarse la difusión de datos que pongan en riesgo la intimidad y el honor de quienes participaron. “Ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada”, concluyó.





