La Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había eliminado las facultades estatales para controlar los valores de las cuotas en las empresas de medicina prepaga. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no demostró las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La decisión se tomó en el marco de un amparo contra Swiss Medical SA presentado por una afiliada, que impugnó los aumentos aplicados por la empresa tras la entrada en vigencia del DNU.
La solicitante, MB, afirmó que estaba adherida al plan SM02 y que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la cuota había incrementado un 110%, pasando de $136.161,21 a $301.218,02. Indicó que, de mantenerse el esquema regulatorio anterior, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La mujer exigió que se anularan los aumentos dispuestos por Swiss Medical a raíz del decreto presidencial.
El amparo fue rechazado en primera instancia; no obstante, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa resolución, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional presentaron apelaciones ante la Corte Suprema.
Swiss Medical deberá ajustar los aumentos de sus cuotas conforme al IPC tras un fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucionales artículos del DNU 70/2023 impugnados por una afiliada.
Al abordar el planteo, los jueces del tribunal máximo revisaron su doctrina en relación con los límites constitucionales que rigen la facultad del Poder Ejecutivo para dictar normas de carácter legislativo mediante DNU.
En este sentido, recordaron que la Constitución permite esta posibilidad únicamente bajo circunstancias de “rigurosa excepcionalidad” y cuando exista una situación que impida seguir el trámite legislativo ordinario o una urgencia de tal grado que resulte incompatible con los tiempos normales de sanción de una ley.
Con este enfoque, la Corte determinó que los artículos impugnados del DNU 70/2023 no superaban el control de constitucionalidad. “De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, afirmaron los jueces.
El fallo también cuestionó que el Gobierno hubiese fundamentado la desregulación en la supuesta crisis del sistema de salud y en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios.
Para la Corte, esas explicaciones eran insuficientes: “Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”.
Los magistrados subrayaron que no es suficiente invocar una emergencia de manera general, sino que es necesario explicar cómo cada medida adoptada es indispensable para enfrentarla.
En particular, indicaron que el decreto no explicó la relación concreta entre la emergencia económica y social alegada y la decisión de eliminar las facultades estatales para controlar los aumentos de las prepagas.
“Los considerandos del DNU 70/2023 no intentan siquiera mostrar que existe una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, sostuvo la sentencia.
En otro segmento del fallo, la Corte advirtió que no se puede recurrir a un DNU solamente porque sea más rápido o conveniente que el procedimiento parlamentario.
“Cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son”, afirmó. También agregó: “El texto de la Constitución Nacional no concede la opción de elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la adopción más rápida de ciertos contenidos materiales por vía de un decreto”.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban los controles estatales sobre los valores de las empresas de medicina prepaga.
Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 habían suprimido dos herramientas centrales de la ley 26.682: la posibilidad de que la autoridad de aplicación revisara los valores de las cuotas y sus modificaciones, y la obligación estatal de fiscalizar y asegurar la razonabilidad de los precios de los planes de salud.
El esquema anterior estipulaba que los aumentos debían fundamentarse en variaciones de la estructura de costos y en un adecuado cálculo actuarial de riesgos, requiriendo autorización de la autoridad de aplicación.
Con la reforma impulsada por el Gobierno, las empresas quedaron autorizadas para fijar libremente los valores de sus cuotas.
La Corte consideró que dicha modificación no podía instrumentarse mediante un decreto sin demostrar las condiciones excepcionales que establece la Constitución. Por esta razón, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de ambos artículos.
Además, aclaró que el hecho de que continúe abierto el procedimiento legislativo para el tratamiento de DNU previsto en la ley 26.122 no impide el control judicial de una norma ya en vigencia que produce efectos concretos.
“Ello no puede significar eludir el control judicial de una norma que genera efectos concretos sobre relaciones jurídicas”, sostuvo el tribunal. Y destacó que tampoco puede desnaturalizar “los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”.
Finalmente, la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, pero revocó el resto de lo resuelto, incluido el mecanismo establecido para limitar los aumentos al IPC.
Así, determinó que la autoridad de aplicación reassuma las funciones de control previstas en la ley de medicina prepaga y que el tribunal de origen emita un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios fijados por el máximo tribunal.
La sentencia también indicó que el pronunciamiento se limita a los artículos cuestionados y no implica una evaluación sobre la constitucionalidad de los demás aspectos del DNU 70/2023.





