En un fallo unánime, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti criticaron con dureza a los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes habían aprobado el traslado del expediente al juzgado federal de Adrián González Charvay.
El máximo tribunal entendió que la decisión de Casación impactó de manera “severa e inequívoca” en la garantía del juez natural y configuró una “grosera” violación de las reglas de competencia judicial.
La resolución dispuso devolver el expediente al juez federal porteño Daniel Rafecas y dejó sin efecto la intervención de González Charvay, quien había solicitado investigar el caso debido a que la propiedad se encuentra en el partido bonaerense de Pilar.
Este fallo implica un fuerte golpe para la conducción de la AFA, que enfrenta múltiples investigaciones por presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y operaciones con sociedades comerciales vinculadas al fútbol.
Un aspecto destacado del fallo es el cuestionamiento directo a la actuación de Borinsky y Barroetaveña, miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Borinsky es mencionado en tribunales como posible candidato a la Corte.
Ambos habían votado a favor de enviar el expediente a Campana, mientras que su colega Alejandro Slokar se había expresado en disidencia.
La Corte indicó que Barroetaveña menospreció los argumentos del fiscal general Mario Villar sobre la competencia territorial, mientras que Borinsky optó por no analizarlos al considerar que sobrepasaban el objeto del recurso presentado por las defensas. Barroetaveña también fue vicepresidente de la comisión de Ética de la AFA.
Los ministros señalaron que Casación estaba al tanto de los argumentos del fiscal sobre los vínculos del expediente con la Ciudad de Buenos Aires, pero “omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.
La seriedad de esta observación radica en que el fiscal Villar había señalado que la investigación no se limitaba a establecer quién había adquirido la mansión, sino que abarcaba una posible operatoria financiera mucho más amplia.
La Corte afirmó que “no se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble ubicado en la localidad de Villa Rosa”, sino una posible maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones patrimoniales.
Así, para el máximo tribunal, la ubicación de la mansión no podía usarse como único argumento para desplazar la investigación de los tribunales porteños.
Los jueces recordaron que Real Central SRL tenía su sede social en Buenos Aires y que el contrato de compraventa de la propiedad se había firmado en una dirección de la Capital Federal.
Además, resaltaron que la AFA tiene su sede histórica en la calle Viamonte, donde se habrían tomado decisiones relacionadas con la administración y uso de los fondos objeto de investigación.
“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desarrollo de la actividad bajo investigación”, afirmó el máximo tribunal.
La Corte también aludió a la posibilidad de una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos de la AFA a través de un complejo circuito financiero.
Este aspecto vincula la investigación sobre la mansión con otras denuncias que intentan establecer el destino de cientos de millones de dólares generados por la explotación comercial de la marca de la Selección argentina.
El fallo también supone una fuerte desautorización para González Charvay, quien había reclamado la competencia sobre el expediente y luego dictado decisiones favorables a individuos investigados por la adquisición de la propiedad.
El juez había sobreseído a familiares y cercanos de Toviggino, decisión que fue apelada por el fiscal Sebastián Bringas y el representante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
La discusión sobre la competencia judicial era crucial porque determinaba qué magistrado se haría cargo de las medidas de prueba sobre el origen de los fondos y los verdaderos beneficiarios de los bienes.
La Corte consideró que el expediente debía ser analizado a partir del conjunto de las operaciones financieras investigadas y no exclusivamente del lugar donde se encuentra uno de los inmuebles.
El fallo hizo lugar al recurso extraordinario del fiscal Villar, respaldado ante el máximo tribunal por el procurador general interino, Eduardo Casal.
Así, los tres ministros coincidieron en que la decisión de Casación no había respondido de manera judicial razonada a los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal.
Esta resolución se suma a otras decisiones recientes de la Corte que evitaron trasladar a Campana investigaciones sobre los balances y administración de fondos de la AFA.
En esos expedientes se examinan, entre otras cuestiones, las denuncias sobre ingresos provenientes de los contratos comerciales de la Selección argentina en el exterior y su registración contable.
La disputa por la mansión también ha puesto en el centro de atención las relaciones políticas y judiciales que establecieron Tapia y Toviggino durante los últimos años.
Uno de los funcionarios señalados por sus vínculos con la conducción de la AFA es el ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques.
El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso denunció los vínculos de Mahiques con el proyecto universitario promovido por Tapia y Toviggino.
Mahiques había sido presentado como vicerrector, y no como vicedecano, de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA), una iniciativa anunciada en noviembre de 2025.
La participación del actual ministro en ese proyecto ha suscitado cuestionamientos por los potenciales conflictos de interés que derivan de sus relaciones con la dirigencia del fútbol.
Además, una denuncia penal presentada por Fernando Míguez solicitó investigar presuntas irregularidades en la creación de la UNAFA y mencionó a Tapia, Toviggino y Mahiques entre los denunciados.
La presentación cuestionó que el proyecto universitario hubiera sido promovido sin contar, según el denunciante, con las autorizaciones oficiales necesarias.
También planteó posibles incompatibilidades entre las funciones públicas desempeñadas por Mahiques y su participación en la estructura académica anunciada por la AFA.
Otro punto de la denuncia vinculó su llegada al Ministerio de Justicia con cambios posteriores en la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había estado investigando los balances de la entidad futbolística.
La cuestión adquiere relevancia política porque la IGJ es uno de los organismos estatales encargados de fiscalizar a las asociaciones civiles, incluidas la AFA.
El organismo había impulsado controles sobre los estados contables de la entidad, en medio de las denuncias sobre la administración de los ingresos comerciales y las transferencias de dinero al exterior.
Paralelamente, las investigaciones judiciales han proseguido sobre sociedades, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros presuntamente relacionados con dirigentes del fútbol argentino.





