La causa iniciada por el municipio regresó al juzgado local, que había dispuesto la restitución del predio. La defensa de la comunidad presentó diversos recursos, pero agotó las instancias judiciales para evitar la ejecución de la orden. El magistrado podría solicitar a los ocupantes que retiren voluntariamente sus pertenencias y, en caso de no hacerlo, avanzar con el desalojo.
Después de un extenso recorrido judicial, la causa que ordena restituir un camping ubicado en la costa del lago Correntoso a la Municipalidad de Villa La Angostura retornó al juzgado local. La comunidad mapuche Paicil Antriao no logró revertir la resolución que impone la devolución del predio, luego de que sus planteamientos fueran desechados en diversas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El expediente quedó nuevamente bajo la responsabilidad del juez Francisco Astoul Bonorino, quien deberá avanzar con la ejecución de la sentencia favorable al municipio. El magistrado podría intimar a los ocupantes a devolver el inmueble y, si no cumplen, podrá adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo el desalojo, incluso con el apoyo de la fuerza pública.
El municipio denunció a miembros de la comunidad por permanecer en el camping tras finalizar el período de concesión, el cual expiró en 2011. Desde ese momento, la disputa ha incluido más de 15 años de litigios y se ha convertido en uno de los conflictos territoriales más prolongados en Villa La Angostura.
La Justicia reconoció el derecho del municipio a recuperar el establecimiento, aunque los distintos recursos presentados por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, representando a la comunidad, dilataron la ejecución de la sentencia.
Se trata de la misma comunidad que se asentó en la traza de la ruta de Circunvalación en Villa La Angostura y cuyos miembros serán reubicados por el gobierno neuquino para permitir la continuación de la obra.
Los integrantes de Paicil Antriao enfrentan, además, otros conflictos territoriales que aún no se han resuelto, tanto con organismos públicos como con particulares.
El camping está ubicado a unos ocho kilómetros del centro de la localidad, sobre la costa del lago Correntoso. Se trata de un predio que pertenecía a la administración municipal y que era explotado a través de una concesión.
Hugo Montes y Sofía Antriao, miembros de la comunidad mapuche, habían sido concesionarios del establecimiento. Al finalizar el contrato, debían devolver la administración del camping al municipio, pero a fines de 2011 no restituyeron el predio.
En ese momento, plantearon una reivindicación territorial sustentada en la preexistencia de sus familiares y antepasados en esas tierras. La comunidad argumentó que el lugar formaba parte de su territorio ancestral.
Uno de los antecedentes históricos incorporados al litigio fue la donación de tierras efectuada en abril de 1951 por José Victoriano Antriao a la entonces Comisión de Fomento de Villa La Angostura. Aunque este documento fue analizado durante el proceso, los tribunales concluyeron que no acreditaba la posesión ancestral que invocaba la comunidad sobre el sector del camping.
Durante el desarrollo del conflicto, el intendente Javier Murer llegó a proponer una nueva concesión del establecimiento a la comunidad para asegurar la prestación de servicios en la temporada de verano. Sin embargo, la resistencia social a la propuesta llevó al jefe comunal a desistir del proyecto.
Debido a la falta de restitución del inmueble, la Municipalidad inició una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad. La demanda fue presentada entre 2012 y 2013 y estuvo inicialmente a cargo del juez Jorge Videla, quien se apartó de la causa tras un planteo de recusación. Luego, el expediente fue enviado al Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, donde intervino el magistrado Andrés Luchino.
El 11 de diciembre de 2019, Luchino dictó una sentencia favorable al municipio y ordenó a los ocupantes la devolución del camping. La resolución desestimó los argumentos de la comunidad y determinó que no se había demostrado la posesión ancestral invocada sobre el inmueble. Asimismo, analizó la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena y concluyó que no se cumplían los presupuestos necesarios para reconocer una ocupación tradicional y actual del predio.
La comunidad apeló la decisión y logró que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de Neuquén revocara el fallo. No obstante, la controversia no concluyó en ese momento.
El 11 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó el pronunciamiento de la Cámara y restableció la sentencia de primera instancia. Con ello, el máximo tribunal provincial reafirmó la obligación de la comunidad Paicil Antriao de restituir el camping a la Municipalidad de Villa La Angostura.
Esta resolución marcó un punto de inflexión en un litigio que llevaba más de una década. El tribunal consideró que no se había acreditado de manera suficiente la posesión ancestral reivindicada ni que existieran pruebas de una utilización comunitaria tradicional del inmueble. También evaluó la documentación relacionada con la donación de tierras de 1951 y concluyó que no respaldaba los derechos invocados por los ocupantes.
Después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, la comunidad intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentando un recurso extraordinario federal que fue rechazado por el máximo tribunal neuquino, y luego acudió en queja ante la Corte.
El 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema desestimó dicho planteo, consolidando así la sentencia que ordena restituir el camping al municipio. El máximo tribunal nacional no dictó un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sino que desestimó la posibilidad de revisar el fallo provincial mediante el recurso presentado.
Simultáneamente, se llevó a cabo otra discusión procesal sobre el juzgado que debía encargarse de la ejecución de la sentencia. El 27 de diciembre de 2024, el juez Santiago Montorfano, del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, decidió remitir las actuaciones a Villa La Angostura para que el magistrado local pudiera proceder con la restitución del inmueble.
La comunidad cuestionó esta decisión mediante diferentes recursos. Sin embargo, el 3 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia desestimó los planteos y ratificó el traslado del expediente. Posteriormente, el 5 de octubre de ese mismo año, también rechazó un recurso extraordinario federal presentado contra esa decisión.
Mientras se desarrollaban las últimas instancias judiciales, el municipio y la comunidad buscaron una solución negociada al conflicto.
En junio de 2025, ambas partes acordaron abrir una instancia de conciliación, que fue homologada por la Justicia. Esta negociación no solo se refería al camping, sino también a otro terreno contiguo, ocupado por miembros de la comunidad y reclamado por la Municipalidad.
El objetivo era alcanzar un entendimiento que permitiera resolver ambas disputas sin necesidad de avanzar con medidas de ejecución judicial.
Sin embargo, aproximadamente un año después, el 22 de junio de 2026, el magistrado dio por finalizada la instancia de conciliación y ordenó la continuación del proceso.
Con la sentencia firme y los recursos judiciales agotados, el expediente regresó al juzgado local. En consecuencia, la Municipalidad está en condiciones de avanzar con la recuperación del camping, aunque aún falta que el magistrado disponga las medidas concretas para llevar a cabo la restitución.






