El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió en Washington con Andrew Tysen Duva, quien lidera la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante este encuentro, se acordó avanzar en una agenda bilateral que fortalezca la cooperación penal y optimice los mecanismos de colaboración en materia de investigaciones judiciales.
A la reunión también asistieron autoridades del Departamento de Justicia estadounidense y el embajador argentino en ese país, Alejandro Alec Oxenford. En la ocasión, se debatieron temas relacionados con la operatividad de los tribunales, la cobertura de vacantes en el ámbito judicial y los desafíos que presenta la implementación del sistema acusatorio en Argentina.
Según una fuente consultada, uno de los temas centrales de la conversación se centró en la necesidad de fortalecer los canales internacionales de cooperación penal, especialmente para facilitar el intercambio de información entre las autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación en los procedimientos de extradición.
La reunión permitió trazar una agenda de trabajo entre las autoridades de Argentina y Estados Unidos, prestando atención a las capacidades operativas que los organismos judiciales requieren para hacer frente a investigaciones complejas y a los desafíos que plantea la persecución de delitos con conexiones internacionales.
Duva, que ocupa el cargo desde diciembre de 2025, lidera una de las estructuras más relevantes del sistema federal estadounidense dedicada a la investigación y persecución de delitos. A su mando, se encuentran más de 1.100 fiscales federales y personal especializado en áreas que van del crimen organizado al narcotráfico, así como también en lavado de dinero, corrupción pública, delitos financieros y ciberdelitos.
La delegación presente en la reunión incluyó, además de Mahiques, a Duva, Oxenford y a Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT); y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.
La participación de funcionarios vinculados a la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió discutir las necesidades formativas de los operadores del sistema penal, así como los mecanismos institucionales para fortalecer la colaboración entre los organismos de ambos países.
En este sentido, Mahiques subrayó que la transformación del sistema de justicia penal en Argentina requiere cambios normativos, instituciones capacitadas, infraestructura adecuada y profesionales con habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones eficientes.
Las autoridades coincidieron en la relevancia de mantener programas de intercambio y capacitación dirigidos a jueces y fiscales, con el fin de incorporar experiencias y herramientas que mejoren la eficacia del sistema de justicia penal y fortalezcan las capacidades de investigación.
Entre los temas tratados, se destacó la implementación del Código Procesal Penal Federal, el cual introduce el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, donde los jueces de instrucción conducen gran parte de las investigaciones, el nuevo sistema considera que los fiscales son quienes deben dirigir las investigaciones penales, recopilar pruebas y presentar acusaciones.
Los magistrados se involucran como jueces imparciales, controlando la legalidad de los procedimientos, garantizando los derechos de las partes y resolviendo las disputas que surgen durante el proceso.
La reforma establece además un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, buscando reducir la cantidad de trámites escritos y agilizar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente mayormente escrito, el nuevo sistema promueve que las decisiones relevantes se tomen en audiencias frente a los jueces, con la participación de fiscales y defensores.
La implementación de esta nueva normativa requiere una reestructuración de los recursos humanos, inclusión de tecnología, adecuación de las salas de audiencias y la expansión de la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que asumiría un rol clave en la investigación de los delitos federales.
La puesta en práctica del Código Procesal Penal Federal se desarrolla de forma gradual en las diferentes jurisdicciones del país. Después de su implementación en lugares como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su aplicación en Paraná.
La programación oficial prevé que para 2027, el nuevo código esté vigente en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo.
Esta transición representa un desafío institucional significativo para el Ministerio de Justicia, que debe coordinar recursos, infraestructura y la capacitación entre los diversos organismos del sistema judicial.
La experiencia de Estados Unidos en materia de investigación penal y organización de fiscalías fue también un punto de discusión durante las pláticas. En este país, los fiscales federales desempeñan un papel crucial en la persecución de delitos y colaboran con agencias especializadas dentro de un marco institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.
En este aspecto, la participación de Erik Peterson, encargado de OPDAT, es de gran relevancia, ya que su oficina lleva a cabo programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal en otras naciones.
Asimismo, John Beasley, de la OIA, estuvo presente, representando una dependencia encargada de la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, especialmente en lo referente a extradiciones y asistencia judicial internacional.
Otro de los temas abordados fue la cobertura de vacantes en el ámbito judicial argentino. Durante la charla, se enfatizó la necesidad de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios competentes para asegurar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento efectivo de los tribunales.
La reunión forma parte de una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que busca fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de procedimientos judiciales en investigaciones que atraviesan fronteras.
El objetivo común es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambas naciones y avanzar en mecanismos de cooperación que logren resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación para jueces y fiscales.





