El proyecto de ley sobre la ludopatía quedó enredado en una confrontación política que fragmentó al oficialismo en el Senado. Durante la sesión, se abordaron temas como Discapacidad, Propiedad Privada y Cooperación en Patentes, pero la propuesta de regulación de las apuestas en línea se inserta en los debates y evidenció una división interna.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, solicitó discutirlo sobre tablas, sin dictamen previo. La propuesta fue rechazada con 28 votos a favor y 40 en contra. La iniciativa fue bloqueada por el oficialismo, aunque hubo discrepancias.
A continuación, la Cámara alta aprobó con 70 votos una moción de preferencia presentada por el radical Eduardo Vischi. El proyecto podrá votarse el próximo jueves 26, con o sin dictamen, en la última sesión del año y última oportunidad para evitar que pierda estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando concluye el período ordinario.
La preferencia otorga tiempo para la reunión de comisiones que prometió la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para el martes. El propósito es que el proyecto llegue al recinto con un dictamen elaborado.
"No vamos a votar exprés sin dictamen porque tenemos aportes valiosísimos para el proyecto", sostuvo la senadora. Reconoció que el tema "preocupa y ocupa" y que la iniciativa lleva dos años en el Congreso.
No todos sus compañeros apoyaron su planteo. El libertario Luis Juez anticipó que respaldaría la solicitud del peronismo, evidenciando una ruptura interna que expone las diferencias en el oficialismo.
Mayans defendió la propuesta con una descripción contundente del fenómeno. Se refirió a una "explosión del tema de plataforma de juego en las redes" y acusó a diversas figuras, deportistas e influencers, de actuar como un "cebo para los jóvenes".
Posteriormente, respondiendo a Eduardo Vischi, calificó las apuestas en línea como "un negocio de hijos de puta". Afirmó que el peronismo las apoya "con toda nuestra fuerza".
La senadora peronista Lucía Corpacci fue más allá y exigió su aprobación inmediata, sin más demoras. "Dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad", expresó.
Bullrich le respondió severamente. "No voy a aceptar que la senadora Corpacci diga que detrás de esto hay negocios", afirmó. Y añadió: "Es una falta total y absoluta de respeto".
Juez fue el primero en separarse del oficialismo. "No es un tema partidario, es un tema de conciencia", declaró. Mencionó su apoyo a "la idea del presidente de la bancada de la oposición" al considerar que "algo es mejor que nada".
Consideró que el Gobierno podría reglamentar la norma y que el Congreso podría realizar modificaciones más adelante. El senador cordobés advirtió que, si se postergara el tratamiento, "el año legislativo terminará sin una ley".
Enfatizó la gravedad del problema: "Los pibes hoy salen a robar para pagar al narco que les presta plata para hacer apuestas ilegales", y argumentó que es un asunto "poderoso" que "financia campañas, dirigentes y estructuras políticas".
El radical Vischi, en cambio, aboga por modificaciones antes de la votación. "Si hace dos años está aquí y no se aprobó, es porque hay reparos respecto a esta ley", planteó.
Sugirió que las comisiones lo debatan el martes y que el Senado lo trate en la próxima sesión, una alternativa que terminó prevaleciendo. "Prefiero que se reforme y que sea una mejor ley antes de aprobar una mala ley", opinó.
La diferencia radica en que si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, se convierte en ley. Si se introducen cambios, deberá regresar a Diputados.
Según Mayans, la ley consta de 54 artículos y 13 capítulos. El artículo 8 establece los límites para las empresas de apuestas en línea.
Prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio en plataformas y redes sociales, medios gráficos, radio, televisión, vía pública, indumentaria deportiva y camisetas de fútbol. Solo permite su difusión dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería.
Ese artículo fue aprobado en Diputados con 134 votos a favor y 32 en contra.
La legislación también impide el acceso de menores a las plataformas. Exige verificación biométrica al ingresar, durante la sesión y antes de cobrar premios.
Obliga a realizar pagos con tarjeta de débito o billetera virtual, y prohíbe el uso de tarjetas de crédito.
Prevé penas de tres a ocho años para quien organice o administre sistemas de captación de juegos de azar sin la autorización de la jurisdicción competente.
Dicho carácter restrictivo generó un debate sobre los límites de la competencia del Congreso. Algunas cuestiones podrían ser consideradas de competencia provincial.
Los promotores del proyecto en Diputados sostienen que puede avanzar, ya que la regulación está conectada a un problema de salud pública, lo que permite la intervención del Congreso nacional.
Según distintos informes citados por Mayans, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes tuvieron acceso o conocen a alguien que ingresó a sitios o aplicaciones de apuestas en línea en el último año.
El 37% de ellos entra muy seguido o todos los días. Estas cifras esbozan un contexto que el peronismo describe como una "explosión".
El tiempo apremia. Si el Senado no lo vota el jueves 26, la iniciativa perderá estado parlamentario el 30 de noviembre, lo que implicaría que dos años de trabajo se desvanecerían.





