La Corte Suprema de Justicia determinó que el Estado debe regular los aumentos de las cuotas de las prepagas. Esta decisión se basa en la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei, los cuales derogaban ese control mensual y ordenaron que el Gobierno retome esa función.
El máximo tribunal advirtió que "no basta con 'invocar una emergencia genérica' como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU", y añadió que es indispensable justificar "la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto".
A raíz de los artículos cuestionados del DNU 70, los aumentos de las cuotas aumentaron considerablemente en enero de 2024, situación que llevó en ese momento a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a denunciar a las prepagas. El conflicto se resolvió mediante un acuerdo judicial que obligó a las empresas a realizar una devolución en cuotas a los afiliados sobre los aumentos efectuados.
Tras esos primeros meses tumultuosos, la mayoría de las prepagas más grandes del mercado se comprometieron informalmente con el Gobierno a que los ajustes mensuales se alinearan con el último índice de inflación conocido. Esta situación, con algunas excepciones, se ha mantenido desde entonces.
Ahora, la Corte Suprema cuestiona la manera en que el Gobierno decidió alejarse de su función rectora: “Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada 'crisis económica y social del país'”, afirmaron unánimemente los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión de la Corte es la primera en la que se declara la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70, dado que hasta este momento los cuestionamientos que habían llegado contra todo el texto o algunos artículos habían sido presentados por actores sin legitimación directa para iniciar esas demandas.
En este caso, la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”, indicaron fuentes del máximo tribunal.
La causa fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, quien demandó a la prepaga Swiss Medical tras experimentar un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según detalló, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido solo del 6,26 por ciento.
La mujer solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, mecanismo que imponía el control estatal sobre los valores de las cuotas de las prepagas.
El juez de primera instancia desestimó la acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos dos artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos de las cuotas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al mismo tiempo que ordenó al Estado reasumir las funciones que le corresponden en virtud de la ley y determinar el valor de la cuota.
Se sostuvo en esa ocasión que el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y que una decisión de esa índole solo podía ser tomada por el Congreso Nacional. Además, se indicó que el Ejecutivo podría haber incluido la iniciativa en sesiones extraordinarias, como lo hizo con otros asuntos legislativos, y que no se había demostrado la necesidad y la urgencia.
Tanto el Estado Nacional como la empresa Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal consideró que correspondía confirmar la sentencia en lo que respecta a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden a la autoridad estatal de retomar el control fiscalizador sobre los aumentos.
En sus argumentos, los jueces citaron un reciente fallo en la causa conocida como “Cencosud”, en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
En la práctica, la decisión de la Corte no implicaría un cambio significativo para los afiliados, dado que lo cuestionado es la forma en que se determinan los aumentos. Esto significa que si el Estado hubiera fijado las subas periódicas de acuerdo al IPC de cada mes, en lugar de dejar esa decisión a las empresas, la demanda judicial y sus consecuencias probablemente no habrían sucedido.
Clarín consultó a la SSS sobre cómo el nuevo escenario que se abre a partir del fallo de la Corte. Respondieron que, dado que la sentencia modifica el DNU 70, el tema excede a esa repartición y que corresponde a la Casa Rosada dar las explicaciones pertinentes. Al cierre de esta nota no hubo declaraciones al respecto.





