Luego de ocho meses de debate parlamentario, el Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, que incluye la ratificación de la Ley de Tierras.
El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra, en su mayoría provenientes del peronismo.
El texto, que introduce cambios al Código Procesal Civil para agilizar los desalojos y modifica las leyes de expropiaciones, había sido votado por primera vez en el Senado en agosto.
Sin embargo, tras el escándalo por el fallo de la Corte Suprema que ratificó el DNU 70 de Javier Milei, y dejó sin efecto la Ley de Tierras, el oficialismo propuso restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar que la situación quede sujeta a la interpretación judicial.
En lugar de crear una nueva norma, optaron por agregar un capítulo en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, manteniendo los mismos límites de la ley actual.
Debido a esto, el texto fue aprobado con modificaciones y regresó al Senado para su ratificación.
Esta solución pragmática contradice el DNU de Milei, que derogaba la ley, así como la versión original del proyecto de Propiedad Privada presentado por Federico Sturzenegger, que también eliminaba gran parte de las restricciones.
"Hoy se nos permite dar por terminada la incertidumbre en la que quedamos expuestos por la vigencia de este decreto”, celebró la senadora chubutense Edith Terenzi.
Por su parte, el peronista Martín Soria expresó: "La restitución de la Ley de Tierras es fundamental, pero en modo alguno va a frenar este modelo de saqueo, con este proyecto político y económico de entrega la Argentina está desprotegida".
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lo envió al Congreso en marzo, y el Senado lo votó por primera vez en agosto, después de 17 modificaciones.
El texto original contenía muchos más temas; sin embargo, para asegurar su aprobación se tuvo que eliminar el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), así como el que cambiaba el Régimen de Protección de Tierras Rurales, los límites a la compra de tierras por extranjeros y la modificación a la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner.
Se aprobaron los capítulos que regulan los desalojos, las expropiaciones y el registro de la propiedad del inmueble, que promueve la digitalización de los trámites.
En lo que respecta a los desalojos, la norma propone procesos más ágiles, por vía sumarísima; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble "en supuestos de verosimilitud del derecho", bajo caución juratoria y con control judicial; la modernización de los sistemas de notificación, mediante la incorporación del domicilio electrónico; y le otorgará al juez mayores facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
En relación con las expropiaciones, se incorpora la exigencia de que la declaración de utilidad pública cumpla con estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios para determinar el valor del bien, basados en la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización, y un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que considera la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objetivo de preservar su valor real hasta el momento de efectivo pago.






