El Senado sancionó el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales. A su vez, se establece un mecanismo de desalojos “exprés” para los campos y viviendas que han sido usurpadas.
La aprobación fue por 42 votos, mientras que el oficialismo y bloques aliados aportaron 26 votos en contra.
Además de La Libertad Avanza (LLA), apoyaron la medida la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones. En contraposición, votaron en contra el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.
El proyecto tuvo un trayecto complicado para el Gobierno, ya que se tuvo que eliminar las modificaciones propuestas en la ley de Tierras y el manejo del Fuego. Posteriormente, en Diputados, frente al temor de que se revoque el DNU 70/23, se reestableció la ley de Tierras que el oficialismo pretendía suprimir.
De esta forma, se confirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, así como un tope de 1000 hectáreas en las zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas fronterizas.
La versión reducida de la Ley de Propiedad Privada que fue aprobada incluye secciones que modifican la Ley de Expropiaciones, limitando las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de inmuebles, así como también una reforma de la ley de Desalojo que permitirá acortar significativamente los plazos judiciales para la recuperación de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
El desalojo exprés se aplicará únicamente en situaciones de inmuebles usurpados o tenedores precarios. En estos casos, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
Si el propietario lo solicita, el juez podrá intimar a la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que el propietario pueda presentar prueba documental que demuestre la propiedad del terreno, vivienda o campo en cuestión.
Los deudores morosos contarán con plazos más amplios, ya que los inquilinos que deben pagos por sus contratos tienen que recibir de parte del propietario una carta documento que les otorgue un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar su situación, contados desde la recepción de la respectiva notificación.
La declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva, y el Estado deberá justificar claramente las razones de dicha medida.
El dictamen estableció que habrá un límite del 30% de indemnización por lucro cesante, dado que el proyecto original no fijaba ningún porcentaje. La tasa de interés que deberá pagarse será la correspondiente al Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.






