El juez federal Daniel Rafecas ha reasumido la investigación del caso relacionado con las irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que le fue confiado por la Corte Suprema de Justicia. Ha recibido el expediente digital y todo sugiere que en los próximos días se le enviará la documentación del caso.
Su promoción a camarista avanza en el Senado, donde ayer se debatió el pliego para su nueva designación. Esto no implica que Rafecas abandone el caso que acaba de reasumir, coinciden fuentes de la Cámara alta y de Comodoro Py.
El proceso para que el Senado apruebe su ascenso no se completará antes de marzo o abril próximos, según estimaciones de fuentes de los ámbitos legislativo y judicial.
Rafecas lleva más de dos décadas como juez federal de primera instancia y ha estado concursando durante varios años para ser nombrado camarista de la Casación Nacional, la que se ocupa de los casos ordinarios, no federales.
El 3 de noviembre pasado, Javier Milei lo designó para ese cargo y envió el pliego al Senado, esperando el aval de los legisladores. El expediente se encuentra en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá la semana próxima, lo que probablemente será su última reunión del año. El ascenso de Rafecas no figura en su agenda.
"No dan los tiempos para que el pliego de Rafecas sea aprobado ahora", indicó una fuente de la comisión.
Antes de emitir un dictamen, los legisladores deben entrevistar a todos los candidatos a juez o camarista. Solo después de esta entrevista, aprueban el dictamen y lo envían al pleno de la Cámara para la votación definitiva.
La Corte Suprema encargó a Rafecas el caso AFA a raíz de un fallo que anula la decisión de la Cámara Federal de Casación de remitir el expediente al juzgado federal de Campana, como solicitaban los acusados.
Según detalló la Corte, la causa en cuestión aborda presuntos delitos de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA e incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, que se sospecha que pertenece en la sombra a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Los jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- afirmaron que el fallo de la Casación afectó de "modo severo e inequívoco" la garantía de juez natural; que hubo una "grosera" violación a las reglas de la competencia y que se produjo un evidente desvío de las pruebas y de las normativas aplicables.
La Corte subrayó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, "omitió deliberadamente" analizar los argumentos presentados por la fiscalía, que sostenía que correspondía a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires intervenir; es decir, el juzgado de Rafecas.
Este magistrado fue el primer juez de la causa. Condujo los allanamientos que resultaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente a Toviggino como propietario real de la quinta, entre los cuales se encontraban un bolso y una placa homenaje que llevaban su nombre y una pintura con su imagen.
La causa se originó a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como compradores de la quinta de Pilar a través de la firma Real Central SRL. Se sospecha que actúan como testaferros ya que las pruebas recopiladas indican que no poseerían la capacidad económica necesaria para justificar dicha transacción. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria superior a 2.000.000 de pesos.
Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorgó la Anses.
La causa recayó en Rafecas, pero él se declaró incompetente y trasladó el expediente al fuero penal económico, que tampoco aceptó el caso. Se desencadenó así la primera disputa por la competencia. El caso volvió a Comodoro Py y la Cámara Federal dictaminó que le correspondía al fuero penal económico intervenir.
Sin embargo, la defensa se presentó luego ante el juzgado federal de Campana, argumentando que era el tribunal territorialmente competente dado que la quinta se localiza dentro de su jurisdicción.
El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y solicitó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se resistió a enviárselo. Argumentó que la investigación no giraba en torno al inmueble de Pilar, sino en las presuntas maniobras de administración fraudulenta llevadas a cabo por los directivos de la AFA, cuyo domicilio quedaba en la ciudad de Buenos Aires.
La disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a favor del juzgado federal de Campana, pero la cuestión no concluyó ahí.
La fiscalía apeló y el asunto llegó a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, ordenó enviarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que se resolviera la disputa. Este tribunal determinó que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.
No obstante, la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal admitió el planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.
El Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso a la Corte, que este jueves resolvió finalmente la cuestión.






