Después de que la pericia realizada por Gendarmería Nacional sobre 57 archivos de audio, cuya voz era atribuida a Diego Spagnuolo, no logró confirmar que él hablara sobre una estructura de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero tampoco consiguió negar que esa fuera su voz, la defensa solicitó la exclusión de dichas conversaciones, la nulidad de la causa iniciada por el fiscal federal Franco Picardi en agosto de 2025 y los procesamientos dictados hasta la fecha.
Finalmente, requirió que se dicte el sobreseimiento del ex funcionario del gobierno libertario.
En agosto del año pasado, se hicieron públicos varios audios atribuidos a Diego Spagnuolo que señalaban una estructura de corrupción dentro del organismo a su cargo. Los audios dieron lugar a las primeras medidas de investigación en el marco del caso, que culminaron con la recolección de pruebas y el análisis de documentación secuestrada, comprobando un circuito de coimas en torno a la compra de medicamentos e insumos ortopédicos en la ANDIS.
En esos audios se escuchan diálogos comprometidos de Spagnuolo: “Me están desfalcando la Agencia (...), tiene (Daniel Garbellini, dos de Spagnuolo en ANDIS) que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba”. “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”. “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él.
Van a pedirle guita a los prestadores”.
Desde el inicio del expediente, el fiscal Franco Picardi optó por no utilizar esos audios como prueba. En consecuencia, la causa comenzó por una denuncia que contenía notas periodísticas, la entrevista de Alejandro Fantino a Diego Spagnuolo y referencias a las conversaciones que circulaban en los medios.
Fuentes judiciales informaron que, luego de esa denuncia, el Gobierno Nacional “saca a Spagnuolo y a su segundo -Daniel Garbellini- de la ANDIS bajo el argumento de que para que la justicia investigue. Con toda esa información como noticia criminal (nunca como prueba) se llevaron a cabo las primeras medidas (allanamientos, pedidos de informes, etc.)”.
La defensa del ex funcionario libertario, a cargo de Pablo Parera, se opone a este criterio y sostiene que los audios fueron incorporados y usados como prueba. Así, ante los resultados de la pericia técnica realizada por Gendarmería Nacional, el abogado solicitó la “exclusión de los audios atribuidos a mi representado y la nulidad del auto de fecha 21 de agosto de 2025; así como también, los actos procesales derivados de este”.
Por consecuencia, ante la falta de pruebas que sustenten la acusación contra su asistido, requirió el sobreseimiento.
La solicitud se basa en que hace una semana, Gendarmería Nacional entregó un informe pericial de 148 páginas al juez Ariel Lijo, donde se detalla el trabajo realizado sobre 57 archivos de audio. La finalidad del estudio técnico era “determinar la autenticidad e integridad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, establecer si habían sido editados o generados mediante inteligencia artificial e identificar si la voz registrada correspondía al nombrado”.
La pericia oficial “no logró acreditar la autenticidad de las grabaciones ni identificar la voz de Spagnuolo”. Detectó elementos técnicos compatibles con “posibles ediciones o procesamientos posteriores, pero sin poder establecer concretamente su naturaleza o alcance”.
Sin embargo, la pericia tampoco demostró que los audios fueran falsos o generados mediante inteligencia artificial.
En lo que respecta a la identificación de la voz del ex titular de la ANDIS, al estudiar los archivos mencionados, 14 de ellos fueron considerados aptos y 43 no aptos para una comparación forense de voces. No obstante, los peritos oficiales no realizaron el cotejo, al considerar que los “registros presentaban características compatibles con una regrabación mediante transferencia acústica, supuesto para el cual el sistema informático disponible (Forensia v2.0) no se encontraba calibrado”.
Por este motivo, no se obtuvieron muestras indubitadas de Spagnuolo.
Entre las conclusiones alcanzadas por Gendarmería Nacional, se destacó que “no se pudo determinar si la voz de las grabaciones corresponde a Diego Spagnuolo”. Además, el informe oficial halló elementos técnicos que indican posibles ediciones o procesamientos posteriores, pero “sin poder establecer concretamente su naturaleza o alcance”.
Tampoco se logró demostrar que los audios bajo estudio “fueran falsos o generados mediante inteligencia artificial”.
Frente a las conclusiones del estudio pericial, la defensa de Diego Spagnuolo fundamentó el pedido de sobreseimiento en la “invalidez absoluta de los 58 archivos de audio peritados por la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.)”, afirmando que tras más de un año de investigación “no existe en este expediente un solo elemento técnico que acredite que la voz de esos audios es de mi asistido”.
Según el escrito al que accedió una fuente, 43 archivos no resultaron aptos para el cotejo y los 14 restantes presentaron indicios de regrabación mediante transferencia acústica: “en términos sencillos, lo que obra en la causa no sería una grabación, sino la grabación de una grabación”, además de haberse comprobado cortes, segmentos repetidos, supresión de inicios e “indicios de alteración, y no hay forma de saber qué se alteró ni cómo, porque nadie conoce el original”.
A esto se suma que los peritos tampoco pudieron descartar “la manipulación por inteligencia artificial” ni verificar la correspondencia con los audios difundidos en los medios.
En segundo lugar, el defensor cuestionó la integridad del material y la ruptura de la cadena de custodia, alegando que durante más de un año el pendrive permaneció en “un sobre clausurado con cinta adhesiva transparente, sin fajas ni sellos que garanticen su inviolabilidad” y sin que se calculase un valor hash al momento de su entrega el 28 de agosto de 2025.
Respecto a este punto, la pericia técnica sostuvo que “no fue posible establecer fehacientemente cuándo, dónde ni en qué circunstancias se realizaron las grabaciones”. Sumado a esto, no pudo verificarse “plenamente su integridad desde la obtención original, subrayándose que el embalaje recibido no ofrecía garantías suficientes de inviolabilidad”.
Asimismo, se concluyó que “no se pudo comparar el material con las versiones difundidas en medios de comunicación por no haberse aportado los archivos necesarios”.
Estos planteamientos llevaron a la defensa de Spagnuolo a señalar que “no existe, por lo tanto, parámetro alguno que permita verificar que lo peritado es lo mismo que se entregó”, y enfatizó que la planilla administrativa de recepción carece de valor porque “no sirve absolutamente de nada consignar una planilla si no se cumplió con las solemnidades”.
Como tercer y último eje, el abogado Parera pidió la “nulidad absoluta de la resolución del 21 de agosto de 2025” que ordenó los primeros allanamientos y de todos los actos dictados en consecuencia, argumentando que dicha medida se basó exclusivamente en grabaciones de origen desconocido y sin verificación previa.
La evaluación del abogado fue la siguiente: “si se suprimen los audios, ¿qué queda de la motivación del auto del 21 de agosto? La respuesta es nada”. En este sentido, explicó que la denuncia inicial solo replicó publicaciones periodísticas que “no constituyen una fuente distinta de los audios, sino su mero reflejo”, y señaló que “sin los audios, el auto de allanamiento queda vacío de contenido porque no expresa ningún motivo que justifique la injerencia en el domicilio de mi asistido”.
En los tribunales de Comodoro Py se refutó esto. Fuentes judiciales indicaron, una vez más, que los audios “no fueron incorporados como prueba, generaron el grado de sospecha suficiente para impulsar las primeras medidas, con una situación que había tomado mucho estado público”.
Junto con esa primera distinción, fuentes cercanas a la investigación resaltaron que la prioridad inicial fue “asegurar la prueba antes de que se pudiera eliminar”, con una premisa central: los audios no se habían incorporado como prueba.
La primera ruta de sobornos definida por el fiscal Franco Picardi involucra cifras que superan los 30.000 millones de pesos. Hace más de un mes, recibió confirmación por parte de la Cámara Federal porteña, dejando a Spagnuolo y a todos los acusados, a un paso del juicio oral.
La segunda instancia de investigación, que derivó en 35 nuevas indagatorias, evidencia compras irregulares y con sobreprecios que condujeron a un retorno en concepto de coimas de 75.000 millones de pesos, recibiendo un auto de procesamiento por parte del juez Ariel Lijo y recientemente iniciándose las indagatorias en una tercera ruta de fondos ilícitos que involucra a la droguería Suizo Argentina, así como a sus dueños y directores. Se detectaron sobreprecios de hasta el 4.000% en algunos insumos.
El fiscal federal -Franco Picardi- siempre expuso que los audios no fueron incorporados a la causa como prueba, sino que constituyeron el punto de partida para iniciar la pesquisa que corroboró sobreprecios, direccionamiento de contratos y el circuito de coimas a través de otras medidas impulsadas.
Es decir, no se incorporaron los audios inspeccionados como prueba en el marco del expediente, sino que se constituyeron en el grado de sospecha inicial para dar inicio a la investigación, siendo la documentación secuestrada, el contenido de los teléfonos celulares, las licitaciones públicas y los movimientos internos de la ANDIS, lo que permitió corroborar la maniobra criminal.





