El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el nuevo Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales prestados por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La aprobación se realizó mediante la Resolución 46/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y la norma comenzará a regir mañana.
Una de las modificaciones más significativas se relaciona con la falta de pago. Antes de proceder al corte del servicio a un usuario residencial, AySA deberá imponer una restricción temporal del suministro por un período mínimo de 60 días corridos, lo que implica entregar un caudal restringido de agua por unidad funcional.
De acuerdo con el ente regulador, este cambio tiene como finalidad proporcionar a los hogares que enfrentan dificultades económicas “un plazo razonable” para gestionar la Tarifa Social o establecer un plan de pagos. El proyecto original de AySA preveía, en cambio, el corte directo del servicio tras el vencimiento de los plazos establecidos.
Si transcurridos esos dos meses el usuario no regulariza su deuda, no se inscribe en la Tarifa Social ni acuerda un plan de pagos, la concesionaria podrá optar por mantener la restricción o proceder con el corte del servicio. En el caso de los servicios de cloacas, la normativa es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio cloacal a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS y sin una resolución del organismo.
No podrán realizarse restricciones ni cortes en presencia de un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del ente. Además, la empresa no podrá aplicar estas medidas de forma unilateral a usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles, o a aquellos que cuenten con la Tarifa Social. En caso de que se constate un corte indebido, AySA dispondrá de 48 horas para restablecer el servicio y estará obligada a compensar al usuario con un 3% de la última factura por cada día de demora.
Cualquier restricción o corte deberá ser precedido por una intimación fehaciente, que podrá ser enviada por medios electrónicos e incluirá información sobre la Tarifa Social. Si el aviso es enviado por esta vía, se eximirá del cargo por el aviso de corte.
Respecto a la atención al público, uno de los aspectos más cuestionados en tiempos recientes, el reglamento exige a la empresa mantener la sede central, así como contar con una oficina presencial fija y una unidad móvil diaria en cada una de sus regiones: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y CABA. Las unidades móviles deberán difundir su cronograma con un mes de anticipación y podrán realizar los mismos trámites que las oficinas.
Según el ERAS, de esta forma se consideran las críticas por la disminución de la atención presencial, especialmente para aquellos usuarios que tienen dificultades para utilizar los canales digitales.
El texto también establece plazos máximos de respuesta: 24 horas cuando exista riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar el servicio después del pago, 10 días hábiles para solicitudes de reconexión y 30 días para reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no satisface al usuario, este podrá acudir al ERAS. Todas las respuestas deberán ser fundamentadas e informar sobre este derecho.
Quien reclame por facturación incorrecta mantendrá el servicio hasta que se resuelva el caso y no deberá abonar esa boleta si pagó la última que no cuestionó. Además, no se podrán cobrar recargos ni intereses durante el tiempo que AySA se tome en contestar.
Otras disposiciones obligan a la empresa a remitir las facturas al menos 10 días antes del vencimiento, a conservar en la Oficina Virtual copias de las boletas de los últimos 12 meses y a incluir el teléfono gratuito del ente regulador en ellas. En lo que respecta a los medidores, AySA deberá entregar una constancia de la primera lectura dentro de los 15 días de la instalación y realizará las inspecciones con turno previo y personal identificado, salvo en emergencias.
El reglamento llega tras un procedimiento que presentó objeciones. La Sindicatura de Usuarios del ERAS había rechazado la redacción de 23 artículos del borrador de AySA por considerarlos regresivos respecto a la Ley de Defensa del Consumidor, y solicitó suspender su aprobación hasta que se conociera el contrato de concesión. También se realizaron planteos similares por parte de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El ente afirmó que la nueva versión incorpora “en lo sustancial” esos reclamos, aunque excluyó aquellos relativos al régimen de mora, la prescripción o la ejecución fiscal de deudas, ya que dependen del marco regulatorio o del contrato de concesión y exceden su competencia. En relación a la facturación durante cortes prolongados, el ERAS manifestó su acuerdo con el reclamo y anticipó que será tratado en un reglamento separado, que deberá incluir descuentos en las facturas para los usuarios afectados.
En la audiencia pública del 26 de octubre sobre las tarifas cloacales, varios expositores solicitaron una aprobación rápida del reglamento. Entre ellos se encontraba el intendente de Esteban Echeverría, y la asociación de consumidores ADECUA alertó que no existe un Reglamento del Usuario desde al menos 2008.






