El frigorífico Ecocarnes, que posee la marca Cocarsa y cuenta con una planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires, se encuentra en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $79.489,8 millones.
La empresa, que emplea a 600 trabajadores y se dedica a la faena y comercialización de carne bovina tanto para el mercado interno como para la exportación, enfrenta una crisis financiera que resultó en más de 1.000 cheques rechazados, un procedimiento preventivo de crisis y la detención de actividades en su establecimiento productivo a fines de octubre.
Ecocarnes solicitó el concurso preventivo el 30 de septiembre pasado, siendo su apertura dispuesta por la Justicia el 6 de noviembre.
Según el estado patrimonial presentado ante la Justicia, la compañía declaró activos por $116.307,2 millones y pasivos por $79.489,8 millones al 18 de septiembre de 2026. En su presentación inicial, identificó 358 acreedores, incluyendo entidades financieras, proveedores comerciales, organismos públicos y prestadores de servicios.
La situación también queda evidenciada en los registros del Banco Central. Según datos de septiembre de 2026, la firma mantenía compromisos con 22 entidades financieras por un total de $47.118,2 millones. Entre sus principales acreedores se encuentran:
Además, la compañía enfrenta un deterioro de su cadena de pagos. Actualmente, Ecocarnes registra 1.078 cheques rechazados que suman $27.501,7 millones, de los cuales solo cinco, por un total de $30,1 millones, han sido abonados. Así, permanecen sin regularizar 1.073 cheques por aproximadamente $27.471,5 millones, según la información bancaria recabada.
En su presentación judicial, la empresa explicó que sus problemas comenzaron tras una expansión comercial que aumentó significativamente sus necesidades de capital de trabajo. Durante 2025, también se modificó su composición accionaria, y se implementó un modelo de negocios centrado en la compra de hacienda para su posterior faena y comercialización, en lugar de enfocarse principalmente en ofrecer servicios frigoríficos a terceros.
Según la empresa, la faena propia pasó de unas 3.000 a 8.000 cabezas mensuales y la facturación creció de aproximadamente $3.500 millones a casi $14.000 millones mensuales hacia fines de 2025. Sin embargo, este incremento de la actividad demandó mayores recursos para financiar la compra de animales y sostener los plazos comerciales.
Ecocarnes atribuye el agravamiento de su situación al aumento en el precio de la hacienda, la reducción de los plazos de pago exigidos por proveedores, el encarecimiento de los costos internos medidos en dólares y las restricciones en las líneas de crédito. En su presentación, mencionó cambios en las condiciones de financiamiento de entidades como Banco Santa Cruz, Supervielle y Comafi.
También reconoció problemas estructurales en su financiación, tales como insuficiente capital de trabajo, creciente dependencia del crédito bancario y dificultades para generar la liquidez necesaria. Esta situación se vio agravada por la restricción en el mercado interno, que redujo la demanda de servicios de faena a terceros, mientras que la empresa mantenía prácticamente intacta su estructura laboral y salarial.
El primer incumplimiento significativo se produjo el 14 de julio de 2026, cuando la compañía no pudo cumplir con la compensación bancaria de cheques. Aunque señaló que logró regularizar esa situación, el 11 de septiembre enfrentó nuevamente dificultades para satisfacer obligaciones por aproximadamente $300 millones. Ecocarnes indicó que esperaba recibir dos remesas de fondos que se retrasaron, marcando ese periodo como el inicio de su cesación de pagos.
Las dificultades financieras también impactaron en su única planta industrial, ubicada sobre la Ruta 202, en San Fernando. Durante octubre, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza relacionadas con conflictos sobre remuneraciones y aportes patronales. La actividad de faena se detuvo hacia finales de ese mes, mientras la empresa intentaba avanzar en una negociación laboral para ajustar sus costos a la nueva situación económica.
Antes de conseguir la apertura del concurso, Ecocarnes había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. La primera audiencia se llevó a cabo el 25 de septiembre y las conversaciones continuaron a lo largo de octubre. El 28 de ese mes se inició un período de negociación de diez días hábiles entre la compañía y la representación sindical.
En el escrito presentado, la empresa informó que las negociaciones buscaban alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales y expresó su expectativa de una pronta reactivación de las actividades.
La historia del establecimiento se remonta a 1962, cuando se fundó Compañía de Carniceros S.A. (Cocarsa), una firma que proveyó al mercado interno y luego desarrolló actividades de exportación hacia Europa, Chile, Israel y Rusia. Tras atravesar un proceso concursal y una quiebra, sus activos industriales y su marca comercial fueron adquiridos por Ecocarnes a principios de 2000.
La compañía mantuvo la actividad frigorífica y amplió progresivamente sus mercados. Desde aproximadamente 2015, comenzó a combinar la prestación de servicios a terceros con sus propias exportaciones, inicialmente impulsadas por la demanda china. Posteriormente, realizó inversiones para adecuar sus instalaciones a los estándares sanitarios exigidos por mercados como Israel y Estados Unidos, además de continuar operaciones hacia la Unión Europea bajo el régimen de Cuota Hilton.
Simultáneamente a la apertura del concurso, Ecocarnes solicitó diversas medidas cautelares para preservar los recursos necesarios para su funcionamiento. El 17 de noviembre, la Justicia resolvió algunas de esas solicitudes, incluyendo la protección de los servicios esenciales de la planta y la cobertura médica de los trabajadores.
Una de las solicitudes más relevantes estuvo relacionada con cheques de terceros por $11.289,3 millones que la compañía mantenía caucionados en diversas entidades financieras. Ecocarnes pidió que los bancos no utilizaran las cobranzas de esos valores para cancelar deudas anteriores a la apertura del concurso, permitiendo así disponer de los fondos para hacer frente a gastos operativos.
La empresa argumentó que requería esos recursos para pagar salarios, adquirir hacienda y financiar la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, la Justicia consideró que la información proporcionada era insuficiente para resolver la solicitud y requirió documentación adicional sobre las operaciones financieras y las garantías constituidas.
Por otro lado, frente a los cheques de pago diferido que Ecocarnes emitió antes de pedir el concurso, la Justicia aceptó una medida para impedir su pago, ordenando a la firma que identificara correctamente los instrumentos involucrados antes de comunicar la disposición a los bancos.
La resolución también dispuso que AySA, CAMMESA, Naturgy, Natural Energy y Telecom Argentina mantuvieran la prestación de servicios a Ecocarnes por deudas anteriores a la apertura del concurso. Esta medida garantiza el suministro de recursos necesarios para el funcionamiento del establecimiento industrial, aunque la empresa deberá cumplir con las obligaciones que surjan después de la apertura del proceso.
En cuanto a los contratos comerciales, Ecocarnes solicitó resguardar las prestaciones de proveedores vinculados directamente con su actividad. Entre ellos se encuentran:
Respecto a la continuidad de estos contratos, la Justicia dio intervención a la sindicatura antes de tomar una decisión.
El estado de los trabajadores también fue considerado en el expediente. Ecocarnes reconoció atrasos en aportes y contribuciones a las obras sociales y solicitó que esta situación no diera lugar a la suspensión de las prestaciones médicas del personal y sus familias. La Justicia aceptó la medida cautelar de protección.
Otro de los problemas expuestos por la empresa está vinculado con sus operaciones de comercio exterior. Ecocarnes denunció dificultades para liberar documentación asociada a mercaderías ya vendidas y en tránsito, debido a deudas pendientes con operadores logísticos. Según explicó, esta situación obstaculizaba que los compradores recibieran los productos.
En su presentación identificó a Maola Lacar y ALP Comex como despachantes de aduana, y a Agrolog, Portland Logistics, Vision Logistics y Americana Shipping Group entre los agentes marítimos utilizados para sus exportaciones. La compañía requirió la intervención judicial para obtener la documentación necesaria y completar las entregas.
Con la apertura del concurso preventivo, Ecocarnes busca reestructurar sus compromisos financieros y avanzar en la reactivación de su actividad. Por el momento, la planta de San Fernando permanece inactiva, mientras la empresa continúa las negociaciones laborales que involucran a sus 600 trabajadores.





