La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer este jueves su veredicto en el amparo que una afiliada de una reconocida prepaga inició por el incremento de su cuota.
El expediente cobró relevancia debido a que lo resuelto tiene implicancias para numerosos otros reclamos en todo el país.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que habían eliminado el control estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga. Según se informó, es la primera vez que el máximo tribunal declara inconstitucional una parte de ese decreto.
La decisión contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso llegó a la Corte mediante los recursos presentados tanto por la prepaga demandada como por el Estado Nacional, en oposición a una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había fallado a favor de la afiliada.
El impacto del fallo no se limita a este caso. Según se supo, la Corte tiene pendientes de resolución alrededor de 500 expedientes similares, sobre los que este criterio podría influir directamente.
Además, podría tener repercusiones en los reclamos que otros afiliados han iniciado en distintos tribunales del país y en aquellos que ya pagaron los aumentos y podrían solicitar la devolución de esos montos.
La demanda se originó en una afiliada que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, observó cómo su cuota pasó de $ 136.161,21 a $ 301.218,02, un incremento del 110%.
En su presentación, la mujer afirmó que, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste de enero de 2024 hubiera sido del 6,26%. Con ese argumento, solicitó la nulidad de los aumentos posteriores al decreto y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269.
En primera instancia, su planteo fue rechazado. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de ambos artículos y ordenó a la prepaga limitar los aumentos al IPC. De esta manera, se presentaron los recursos extraordinarios que terminan en la Corte.
Los dos artículos cuestionados derogaron una disposición de la ley 26.682 (la de las prepagas) y modificaron otra. Dichas normas habían sometido los valores de las cuotas a la supervisión del Estado.
Con la declaración de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud, que actúa como autoridad de aplicación junto con el Ministerio de Salud, debe volver a revisar las modificaciones de las cuotas y garantizar que sean razonables. También recupera la capacidad de autorizar los aumentos, los cuales deben estar fundamentados en cambios en la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, hay un aspecto clave que el fallo dejó sin abordar. La Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara y revocó la parte que ordenaba limitar los aumentos al IPC.
Es decir, el tribunal no estableció un tope automático vinculado a la inflación. Lo que hizo fue devolver al Estado sus competencias de control, de modo que cada incremento estará sujeto a los criterios que establece la ley que vuelve a estar en vigor. La Procuradora Fiscal ya había propuesto dejar sin efecto esa medida.
Para arribar a esta conclusión, los jueces recordaron su doctrina respecto de los DNU, la cual fue ratificada en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto de 2026. El Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no pueda reunirse por una circunstancia de fuerza mayor o cuando la urgencia no admita los plazos de una ley.
Con ese criterio, la Corte revisó los fundamentos del decreto y determinó que no ofrecían una justificación mínima. Para el tribunal, referirse a una “crisis del sistema de salud” y a la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” al liberar los precios de las prepagas es un planteo demasiado vago. No encontró una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Gobierno y la decisión de despojar al Estado del control sobre las cuotas.
Los jueces añadieron que, dado que las facultades eliminadas eran de control y pertenecían a organismos del propio Poder Ejecutivo, se demandaba un esfuerzo de justificación aún mayor. Y subrayaron que la mera conveniencia del Gobierno no es suficiente, ya que la Constitución no permite optar entre pasar por el Congreso o imponer contenidos de manera más rápida mediante un decreto.







