La Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA) ha reglamentado un régimen especial que permite una reducción del 50% en las multas por infracciones a los deberes formales, conforme al artículo 17 del Título III de la Ley 27.826. El plazo establecido para regularizar la obligación omitida que originó la sanción, así como para presentar el trámite digital correspondiente, va hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.
El análisis para cada contribuyente comienza evaluando si la sanción puede beneficiarse del régimen. Noelia Girardi, contadora y gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin y Abelovich, señala que “la primera cuestión que habría que analizar es si la multa puede acceder al beneficio de reducción del 50% previsto en la Ley 27.826”. Además, agregó que “no todas las multas son susceptibles de gozar de la reducción del 50%”.
Girardi enfatiza que, si se cumplen los requisitos, es importante considerar esta opción antes de incluir la multa en un plan de facilidades, dado que son dos beneficios diferentes: el plan permite financiar la deuda, pero no implica una reducción del monto de la multa. Esto significa que financiar una multa que podría ser reducida puede resultar en un costo mayor o en la pérdida del beneficio.
La decisión de pagar la multa de una vez o financiarla depende de “la decisión entre pagar al contado o financiar el importe y dependerá principalmente de la situación financiera de cada contribuyente”, explica la contadora.
Para quienes cuentan con respaldo financiero, “cancelar la multa una vez aplicada la reducción puede ser conveniente para evitar costos financieros”, indicó.
Por otro lado, para las empresas que priorizan su capital de trabajo, Girardi sugiere que “si necesita preservar capital de trabajo, tendrá que evaluar las alternativas de financiación disponibles y comparar el costo de las cuotas con el beneficio de cancelar la obligación”.
Uno de los aspectos que puede impactar a los contribuyentes es el tema de las sanciones que ya se habían financiado. El artículo 3° de la resolución estipula que se consideran “canceladas” las multas que hubiesen sido consolidadas en un régimen de facilidades de pago. Dado que el beneficio solo aplica a las multas no firmes o canceladas, este condicionante excluye a las que ya están en un plan.
“Es importante saber qué sucede con las multas que ya habían sido incorporadas a un plan de pagos previo. La RG 5927 establece que las multas cuyo importe hubiera sido consolidado en un régimen de facilidades de pago se consideran canceladas para este beneficio”, explicó.
La normativa también aclara que “si la multa ya estaba incluida en un plan antes del 9 de octubre de 2026, no podrá acceder a la reducción del 50%, a pesar de que el contribuyente aún esté pagando las cuotas y no haya finalizado el plan”.
Por tal motivo, la contadora recomienda “revisar si la multa ya fue incorporada a un plan de facilidades, ya que esa decisión puede hacer perder la posibilidad de acceder a la reducción”.
La excepción a la regla de que el beneficio opera sin trámite implica las sanciones que se están discutiendo. Girardi advirtió que “uno de los aspectos a los que prestaría especial atención al momento de realizar el trámite es no suponer que la reducción opera automáticamente en todos los casos”. La reglamentación prevé una excepción para las multas que se encuentran en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
En tales casos, según la resolución, el contribuyente deberá primero regularizar la obligación formal omitida y luego, hasta el 18 de diciembre de 2026, realizar una presentación en el servicio web “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.
Después, se debe identificar la multa mediante el número de sumario, resolución o instrumento que la determinó, así como otros datos necesarios para su individualización. Girardi indicó que “además de cumplir con la obligación formal que originó la sanción, hay que realizar una presentación digital específica, identificando correctamente la multa y el antecedente administrativo o judicial correspondiente”.
El costo de esta presentación juega un papel crucial en la decisión. La resolución establece que esto implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte de la multa no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, asumiendo las costas y los gastos causídicos correspondientes.
Sobre este tema, Girardi sostiene que no siempre es conveniente adherir al beneficio en todos los casos. “Hay que analizar cada situación en particular”, aconsejó, y agregó que “si hay argumentos sólidos para cuestionar la procedencia de la sanción, como defectos en el procedimiento, inexistencia de la infracción, falta de configuración de los presupuestos legales o cuestiones relacionadas con la prescripción, puede ser razonable continuar con la defensa administrativa o judicial”.
En cambio, si las posibilidades de revertir la multa son bajas, con argumentos defensivos débiles o si el costo de seguir litigando resulta desproporcionado en relación al monto involucrado, la reducción del 50% puede ser una opción interesante para cerrar la controversia.
La contadora resaltó que la adhesión tiene implicancias que superan el ahorro inmediato. “Adherir al beneficio respecto de una multa en discusión no es una decisión neutra: implica un allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, con las consecuencias que ello conlleva en materia de costas y gastos causídicos”, afirmó.
Finalmente, enfatizó que “antes de tomar la decisión, no basta con observar cuánto se ahorra con la reducción; también es necesario evaluar las posibilidades de éxito de la defensa y el costo de seguir discutiendo”.
La resolución emitida por el director general de la Dirección General Impositiva abarca las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número agregados a continuación de estos en la Ley 11.683.
Estas deben corresponder a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026, momento en que entró en vigor la Ley 27.799, y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026, cuando comenzó a regir la Ley 27.826. Además, en esa última fecha, las multas no deben estar firmes o, si lo estaban, no deben haber sido canceladas.
El Decreto 1.253 del 22 de octubre de 2026 había establecido que la calificación de los sujetos alcanzados se verifica al momento del incumplimiento del deber formal y que la reducción opera de pleno derecho, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación omitida dentro de los plazos y condiciones establecidos por la Agencia.
La reglamentación reafirma esa condición y aclara que el beneficio funciona sin que se requiera que el contribuyente realice una gestión, salvo si la multa está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
El descuento para pymes depende de la documentación que presente la empresa. La resolución cubre a las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que posean el Certificado MiPyME, obtenido conforme a la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, además de que registren la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.
Dado que la calificación se evalúa al momento de la infracción, es relevante la situación de la empresa en el momento en que se cometió el incumplimiento, y no la actual.
El régimen incluye también a personas humanas y sucesiones indivisas. En el caso de las entidades sin fines de lucro, abarca aquellas registradas ante ARCA bajo alguna de las siguientes formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, cooperativa efectora, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, otras entidades civiles, instituto de vida consagrada, asociación simple, iglesia y entidades religiosas, incluyendo la Iglesia Católica.
Quedan excluidos, en todos los casos, aquellos categorizados como Grandes Contribuyentes según la Resolución General 5.670.
La normativa también aclara que el beneficio no da lugar, en ningún caso, a la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826. Quien haya cancelado una multa antes del 9 de octubre no podrá reclamar el reintegro de la mitad.
Los contribuyentes con multas alcanzadas por el régimen deben asegurarse de cumplir con los requisitos de sujeto, fecha y estado de la sanción, regularizar el deber formal que originó la infracción antes del 18 de diciembre de 2026 y, solo si la multa está en discusión, realizar la presentación digital dentro de ese mismo plazo.
Para las pymes, el primer paso es contar con el Certificado MiPyME y la caracterización registrada en el Sistema Registral; de lo contrario, quedarán fuera del beneficio.







