ARCA ha detectado en Córdoba dos maniobras presuntamente evasivas relacionadas con contribuyentes del sector agropecuario y empresas vinculadas al negocio inmobiliario.
Los casos presentan protagonistas y mecanismos distintos. En una de las averiguaciones, el organismo identificó facturas duplicadas y proveedores cuya actividad no resulta comprobable, en relación con créditos fiscales por más de $170 millones.
En la segunda investigación, se hallaron discrepancias entre los presupuestos de materiales para la construcción y las compras que declaró una firma asociada al grupo inmobiliario Ammiraglia.
El primer caso surgió a partir de la fiscalización realizada por Brenda Silvana Quiroga Quintero, quien se dedica a prestar servicios agropecuarios en Carnerillo. Al revisar 1.279 compras informadas entre enero de 2021 y mayo de 2025, ARCA detectó la repetición de comprobantes, junto con puntos de venta inexistentes o no habilitados y facturas mellizas.
El mecanismo que se está investigando habría permitido incluir compras en las declaraciones fiscales para generar créditos que luego se podrían utilizar para disminuir el IVA a abonar. La cifra cuestionada por el organismo asciende a $170.874.069,23, de los cuales aproximadamente $115,4 millones corresponden a la contribuyente que inició las actuaciones.
La revisión también abarcó a Mariano Yamil Quiroga y Juana Petrona Quintero, quienes están vinculados a ella por lazos familiares y económicos.
En el análisis de los comprobantes se registró un dato que llevó a los investigadores a ampliar la indagación. Se identificaron facturas asignadas a distintos proveedores que habrían sido generadas desde una misma dirección IP.
Desde ARCA consideran que esta coincidencia podría indicar la existencia de una estructura encargada de preparar y distribuir documentación fiscal irregular para diversos contribuyentes. El organismo presentó los resultados a la Fiscalía Federal, solicitando medidas para identificar a los involucrados en la operación.
El 19 de junio de 2026, la Justicia Federal de Río Cuarto ordenó cerca de 20 allanamientos en esa ciudad, Carnerillo y en la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo Cabanillas y autorizados por el juez Carlos Arturo Ochoa, resultaron en el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La información disponible no permite confirmar que todos los procedimientos estén directamente relacionados con los contribuyentes analizados en el informe fiscal.
El segundo expediente está centrado en Ammiraglia SRL y su entente comercial con Centro de Negocios SRL, una firma que se ocupa de la venta de materiales para la construcción.
La documentación revisada por ARCA abarca presupuestos por $118,8 millones. Sin embargo, las compras registradas por Ammiraglia SRL ante la AFIP con ese proveedor totalizaban $31,7 millones netos gravados. Asimismo, el organismo halló registros internos de ventas de materiales por unos $21,3 millones.
La discrepancia activó una alerta sobre la posible existencia de actividad comercial no informada. No obstante, los presupuestos por sí mismos no demuestran que se hayan concretado las ventas. Aún queda por determinar si existió omisión impositiva, así como las operaciones que realmente se realizaron y cómo fueron registradas.
La revisión no se limitó a esa empresa. También incluyó a AMMI SAS, el Fideicomiso Buena Vista II y otras entidades asociadas con proyectos inmobiliarios. ARCA también analizó la información financiera y patrimonial de Leandro Ariel y Guillermo José Ammiraglia.
Con base en estos elementos, el organismo formuló diversas hipótesis, entre ellas posibles maniobras de evasión, incrementos patrimoniales sin justificación y ocultamiento de activos. Asimismo, pidió investigar potenciales conexiones con lavado de activos, asociación ilícita y empleo no registrado.
La causa, liderada por la fiscal Virginia Carmona y bajo la responsabilidad del juez federal Sergio Pinto, abarcó intervenciones telefónicas y medidas para examinar los movimientos financieros y fiscales. También se realizaron operativos en escribanías, estudios contables, inmobiliarias y estudios de arquitectura, así como un allanamiento en una sucursal de cajas de seguridad de Justiniano Posse.





