Se reafirman los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental.
El Senado transformó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales originada en el kirchnerismo, y establece un mecanismo de desalojos “exprés” para campos y viviendas usurpadas.
El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra, respaldado por el oficialismo y bloques aliados.
Además de la Libertad Avanza, brindaron su apoyo la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y el Movimiento por Misiones.
En oposición, votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El proyecto enfrentó un recorrido complejo para el gobierno, que primero debió eliminar modificaciones a la ley de Tierras y el manejo del Fuego, y luego, en diputados, al temer que se pudiera derogar el DNU70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo pretendía eliminar.
De este modo, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y se mantendrá un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas de frontera.
La versión reducida de la Ley de Propiedad Privada que fue aprobada incluye capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, limitando las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, así como una reforma de la ley de Desalojo que permitirá reducir de manera significativa los plazos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
Se implementará un desalojo exprés únicamente en los casos de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
El juez podrá intimar a la devolución del inmueble dentro de las 72 horas si así lo solicita el propietario, quien deberá presentar prueba documental que acredite su propiedad sobre el terreno, vivienda o campo.
Los deudores morosos contarán con plazos adicionales, ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir del propietario una carta documento y conceder un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar su situación, contados desde la recepción de la notificación correspondiente.
La declaración de utilidad pública debería ser aplicada de manera restrictiva, y el Estado deberá justificar claramente los motivos de tal medida.
El dictamen estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, al contrario de lo que preveía el proyecto original. La tasa de interés que se aplicará será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial, permitiendo que las familias con posesión pública durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única para beneficiarse con este derecho.






