A pocos años de las elecciones de 2027, el Banco Central se ha involucrado en el debate sobre el aumento de costos y la escasez de créditos para las familias. Esta situación es un factor crucial que obstaculiza la recuperación del consumo en una economía que no logra despegar.
Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, fue el encargado de dar cifras que respaldan esta controversia.
El funcionario elaboró un informe que demuestra que una parte significativa de las tasas que deben pagar las familias se debe a la presión tributaria de las provincias y, en menor medida, de los municipios.
El planteo tiene una lectura política evidente y se encuentra en un contexto complicado: los préstamos orientados al consumo llevan seis meses seguidos en descenso y la morosidad de las familias se mantiene en niveles altos desde hace más de un año.
La incógnita que persiste es cuánta parte de este problema se justifica por los impuestos y cuántas son las dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus deudas.
Según el Banco Central, los impuestos representan el 27,1% del costo financiero total de un préstamo personal y el 28,2% en el caso de las tarjetas de crédito.
Para los préstamos personales, el BCRA estima una tasa nominal anual del 63%, una tasa efectiva anual del 84% y un costo financiero total efectivo del 117%.
Este último costo multiplica prácticamente por cuatro la inflación interanual.
De ese 117%, 32 puntos corresponden a impuestos. Los tributos provinciales aportan 16,5 puntos, el IVA nacional otros 8,2 puntos y las tasas municipales contribuyen con 2,4 puntos, según el desglose presentado por el ente monetario.
En el caso de las tarjetas de crédito, la situación es aún más grave para los consumidores.
Con una tasa nominal anual del 80%, el costo financiero total efectivo llega al 163%. De este total, 46 puntos porcentuales se deben a impuestos.
Los tributos provinciales explican 17,4 puntos porcentuales, mientras que el IVA representa 8,3 puntos y las tasas municipales aportan 2,5 puntos.
La conclusión oficial indica que la presión tributaria provincial y municipal sobre la intermediación financiera se traslada al costo de los préstamos.
Werning afirma que los bancos asumen una carga de Ingresos Brutos y tasas municipales aproximadamente cuatro veces mayor al promedio de otras actividades económicas.
Desde esta óptica, una reducción de impuestos permitiría abaratar el crédito sin necesidad de cambiar la política monetaria.
El mensaje hacia los gobernadores es claro: para el Banco Central, las provincias tienen una herramienta a su disposición para disminuir las tasas de interés.
La controversia surge en un momento donde el financiamiento de las familias muestra signos persistentes de debilidad.
De acuerdo con un relevamiento de Equilibra, realizado sobre estadísticas oficiales, los préstamos destinados al consumo cayeron 1,1% real durante octubre, descontando la inflación y los factores estacionales.
Este fue el sexto mes consecutivo de contracción.
El mayor retroceso se registró en las tarjetas de crédito, cuyos saldos financiados disminuyeron 2,1% real. Los préstamos personales también retrocedieron, aunque en menor medida, del 0,1%.
Este dato es relevante porque evidencia las dificultades que enfrenta la economía para recuperar uno de sus principales motores: el consumo de las familias.
La estabilidad cambiaria no ha sido suficiente para reactivar el financiamiento. Aunque las tasas de interés han disminuido en comparación con los momentos de mayor tensión financiera, siguen siendo elevadas para numerosos consumidores.
La evolución del crédito también muestra diferencia entre segmentos. Mientras que los préstamos hipotecarios crecieron 2,3% real durante octubre, el financiamiento orientado al consumo cotidiano continuó en caída.
Para el Gobierno, esta situación es una señal perturbadora: sin una recuperación de los ingresos y del crédito, es complicado imaginar una mejora sostenida de las ventas y de la actividad económica.
El diagnóstico del Banco Central abre otra discusión: el impacto de la morosidad sobre los costos que aplican las entidades financieras.
Los últimos datos indican que el porcentaje de préstamos a familias con demoras superiores a 90 días descendió del 12,81% en agosto al 12,20% en septiembre.
A pesar de esta mejora mensual, la proporción de deudores en dificultad para cumplir con sus obligaciones sigue siendo alta.
Werning, sin embargo, enfatiza otra justificación.
Reconoce que, tras las turbulencias financieras, las tasas para las empresas se normalizaron, pero el costo de los préstamos personales continuó elevado.
Su argumento es que la política monetaria no representa en la actualidad una restricción para el crédito, la demanda interna o la actividad económica.
La carga tributaria aparece, en esa perspectiva, como uno de los principales obstáculos para que las menores tasas de fondeo lleguen a los consumidores.
Werning sostiene que la política fiscal puede resultar en este momento más efectiva que la monetaria para reducir las tasas de los préstamos. Esto significa que una rebaja de los impuestos provinciales y municipales podría ayudar a abaratar el crédito sin modificar las condiciones monetarias.
Este argumento coloca a los gobernadores ante una discusión difícil, especialmente porque las familias necesitan financiamiento más accesible para mantener sus niveles de consumo.





