La CGT estableció su cronograma de protestas hasta el final del año: el jueves próximo llevará a cabo una marcha por la crisis de las obras sociales frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, implementará un cese de actividades de 2 o 4 horas, que incluirá asambleas en los lugares de trabajo.
Este acuerdo fue tomado este jueves por la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, en Carlos Pellegrini 575, donde se discutió la estrategia a seguir en las próximas semanas, que comprende estas distintas acciones. Sin embargo, los principales líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno para el diálogo, tras la visita del Papa, que reabrió esa instancia.
Al encuentro asistieron, además del anfitrión Jorge Sola, líder del Sindicato del Seguro, los otros dos co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto a Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Con aviso de ausencia estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien se encuentra en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza.
La acción más inmediata es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 frente a la sede de la SSS, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, para exigir al Gobierno una solución urgente a la grave crisis financiera de las obras sociales.
Los expertos de la CGT califican esta crisis como “casi terminal”, debido a que provoca cortes en las prestaciones y problemas en los pagos que obligan a la estructura gremial a desviar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, lo que está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
En los últimos meses, los líderes de la CGT sostuvieron tres reuniones confidenciales con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Sin embargo, los dirigentes afirman que el ministro no ha respondido a las propuestas que presentaron para superar la crisis.
Tras la última reunión, que se realizó a fines de septiembre, la situación empeoró: según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los fondos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que provienen de las contribuciones de trabajadores y empresarios para cubrir los reintegros a las obras sociales, se destina actualmente a las prestaciones por discapacidad.
Estas generan un gasto promedio cercano al millón de pesos por afiliado y representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos.
Este fue uno de los puntos que la CGT planteó a Lugones: que los gastos en transporte y educación que incurren las personas con discapacidad sean cubiertos por los ministerios o áreas del Gobierno competentes y transferidos al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya habían solicitado sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
La marcha ante la SSS también será una manera de no ceder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que se adelantó a la CGT al anunciar que cerca de 50 gremios realizarán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que asegura que retiene unos $688 mil millones que corresponden al sistema de obras sociales.
En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que la CGT proyecta para mediados de diciembre. Enfatizan que no será un paro, ya que en este caso se permitirá la permanencia en los lugares de trabajo, donde se convocarán asambleas.
Esta será una forma de protesta novedosa para una CGT habituada a realizar paros generales. Contra Javier Milei ya realizó cuatro, y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se lleva a cabo, será el próximo año.
A finales de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y llevar adelante otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus demandas sin provocar la pérdida salarial del día ni del presentismo para quienes se sumen a la medida.
“No se le puede joder la vida a la gente”, expresó un líder sindical a sus pares al argumentar a favor de acciones que no perjudiquen a los trabajadores.
Sin embargo, la conclusión de algunos líderes de la CGT es que “el paro general no cambia nada”, ya que Milei no rectificará ninguna de sus políticas a partir de una protesta sindical. Además, consideran que el paro general solo serviría para que el Presidente ataque a la CGT y lo utilice como herramienta electoral para impulsar su candidatura a la reelección.





