El Senado de la Nación Argentina aprobó por unanimidad una ley permanente que replica beneficios de discapacidad previamente vetados por el Poder Ejecutivo.
La cámara alta convirtió en ley un proyecto relacionado con discapacidad que mantiene los beneficios de la anterior legislación de emergencia, la cual había sido objetada por el gobierno de Javier Milei el año pasado. Aprobada por los 71 senadores presentes, la norma tiene como objetivo "establecer reglas estables y generar previsibilidad".
Esta iniciativa, respaldada por el oficialismo como una vía para "salir de la emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas", ratifica la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas, así como su compatibilidad con el empleo formal o la inscripción en el monotributo. Busca dejar atrás la incertidumbre que generaron las sucesivas prórrogas de la norma anterior.
Durante el debate, senadores de diversos bloques enfatizaron la relevancia de la sanción, aunque algunos, como la senadora Alicia Kirchner (PJ), manifestaron que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados”, mientras que la senadora Lucía Corpacci (PJ) declaró que la ley surge “porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle”.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, elimina la característica de emergencia y transitoriedad, convirtiendo sus disposiciones en normativas permanentes.
Entre sus aspectos destacados, permite mantener la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La nueva ley mantiene el principio de nomenclador único, garantiza la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones en relación al índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y asegura la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes reciben la pensión.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Los colectivos que representan a las personas con discapacidad se movilizaron en respuesta a la situación de estas personas en los últimos años.
Además, la normativa implementa un sistema de auditorías periódicas que incluye el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Asimismo, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
El Senado aprobó por unanimidad, con 71 votos, una ley que mantiene las prestaciones, pensiones y coberturas por discapacidad, eliminando su carácter de emergencia.
La pensión, que es compatible con el trabajo, equivale al 70% de la jubilación mínima y permite empleo formal o inscripto en monotributo si los ingresos no superan dos salarios mínimos.
En materia de financiamiento y controles, se establecen actualizaciones automáticas de aranceles, un piso presupuestario, auditorías periódicas y un cronograma para el pago de deudas a prestadores. El Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para reglamentar la ley.






