Hace diez días, el Parlamento británico hizo pública una investigación técnica que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para proteger el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, ante la ofensiva legal y económica de Argentina. Este informe se presenta en un contexto marcado por la expectativa del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.
El documento fue elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft, de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026. Este análisis no representa una declaración política del gobierno de Burnham, sino que tiene como objetivo proporcionar a los legisladores información técnica y objetiva.
El informe menciona cuatro frentes que Argentina ha construido este año para limitar la viabilidad comercial del proyecto Sea Lion antes de su inicio: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, sanciones económicas contra 60 personas y empresas asociadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Para cada uno de estos movimientos, se describe la respuesta específica que ha tenido el gobierno británico.
La presentación formal de Argentina ante el TIDM para solicitar medidas cautelares fue el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei diera un ultimátum público al Reino Unido. Esta disputa incluye no solo un desafío jurisdiccional, sino que el Reino Unido ha optado por recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver conflictos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina se ha dirigido al TIDM.
Esta divergencia complica la creación del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM el organismo encargado de evaluar las medidas cautelares solicitadas.
Durante su presentación, la Cancillería argentina solicitó que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de las actividades de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de utilizar datos de exploración en detrimento de los derechos de Argentina; que se garantizara a Buenos Aires la posibilidad de proteger el medio marino en el área disputada; y que Londres no otorgara nuevas licencias de explotación en la plataforma continental en litigio.
El yacimiento Sea Lion, situado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas, es operado por el consorcio entre la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Se estima que las reservas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y se espera que la extracción comience en 2028, con perforaciones programadas a iniciar en enero de 2027.
Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto prevé hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, este proyecto se erige como la base para un fondo soberano y la financiación de infraestructura crítica, incluyendo un nuevo puerto comercial. Para una parte de la política argentina, esta renta petrolera sostiene la ocupación ilegal de las islas.
La respuesta británica no se limitó únicamente a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario enumera que, en paralelo al litigio, el gobierno británico fomentó dos líneas de defensa.
La primera fue de carácter diplomático: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas, afirmando que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente”, y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas implicadas.
La segunda línea fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció la implementación de medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para proteger a las empresas británicas de las sanciones extraterritoriales impuestas por Argentina.
Un documento oficial del Foreign Office, utilizado por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, expresa que las medidas buscan asegurar que “las personas y compañías del Reino Unido que operan de manera lícita en torno a las Islas Malvinas puedan seguir tomando decisiones comerciales en conformidad con la legislación británica”.
En Hamburgo, Reeves sostuvo que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que podría enfrentar la pérdida de “miles de millones de libras esenciales para su desarrollo económico”. Además, argumentó que la intención de Buenos Aires buscaba, en realidad, “controlar esos recursos para sí misma”.
El portavoz de Downing Street expuso la postura oficial de manera clara el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no exige suspender una actividad económica lícita”. Este es un aspecto fundamental: el Reino Unido quiso encuadrar el reclamo argentino en la soberanía de las islas, un tema que excede la competencia del TIDM.
Por lo tanto, solicitó el rechazo de todas las medidas que había presentado la delegación argentina y argumentó que la demanda no obliga a detener una actividad económica que Londres considera como lícita.
Butchard, Curtis y Loft recogen esta postura: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal y establecerá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, abordó esta cuestión el miércoles, durante el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras que la cuestión de fondo no está resuelta”, aclaró. Quirno especificó que Argentina plantea ante el TIDM lo que la CONVEMAR establece como obligaciones para ambos Estados en las áreas marítimas en litigio, no sobre quién tiene la soberanía sobre las islas.
Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no se puede recuperar”. Además, destacó que “por primera vez en la historia” Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un asunto relacionado con Malvinas”, y anticipó que, sin importar el fallo del 28 de noviembre, la estrategia continuará: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”, declaró.
Desde la perspectiva del Gobierno, este arbitraje forma parte de un esquema más amplio, que incluye las sanciones y la mencionada Ley de Soberanía.
El informe parlamentario destina un apartado específico a la influencia de Estados Unidos en este conflicto. En agosto, el presidente Donald Trump indicó que Washington estaba “revisando” su histórica postura de neutralidad acerca de la soberanía de las islas. En septiembre, respecto al conflicto, observó que había “dos países que no están conformes” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.
Milei, según el documento, utilizó estas declaraciones para intensificar su ofensiva, afirmando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina, al considerarlo un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, a su vez, se comunicó con Trump para alertarlo sobre las implicancias económicas de las sanciones argentinas tanto para los intereses británicos como estadounidenses.
Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, que afirma que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y subrayó la importancia de respetar el derecho de los isleños a utilizar sus recursos naturales”.
El análisis parlamentario también cita, de acuerdo a medios argentinos, la inquietud de Estados Unidos ante posibles sanciones contra sus empresas bajo la Ley de Soberanía y señala que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.
La Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que apoyaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El proyecto incluye multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Luego de negociaciones con bloques aliados y tras las recomendaciones de Estados Unidos, el oficialismo accedió a excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.





